Evitar la palabra dictadura o decir que la guerra civil no fue por el golpe de estado: las medidas revisionistas de PP y Vox y cómo las va a combatir el Gobierno

Madrid

El Gobierno ha comenzado esta semana una ofensiva contra las leyes que PP y Vox han puesto en marcha o preparan para derogar las leyes de Memoria Democrática en varias comunidades. Aragón ha aprobado ya un cambio para transformar la normativa en una llamada "ley de concordia", algo que preparan ya los ejecutivos de Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Entre otras cosas, estas leyes dicen que "la Guerra Civil no obedeció al golpe de Estado de julio de 1936, sino a “dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”. El texto elude también el uso de la palabra “dictadura”. En el caso de Aragón, la derogación de la norma implica que se elimina el censo de memoria democrática, el registro de entidades memorialistas y el portal web sobre memoria.

Recursos al Constitucional, el Consejo de Europa y la ONU

El Gobierno ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional estas leyes porque considera que van contra la Ley estatal que regula esta materia. También va a poner en marcha una batería de medidas en Naciones Unidas y en la Unión Europea. El Ejecutivo va a pedir a la ONU que evalúe si estas nuevas normativas respetan los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos. En concreto, recurrirá al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, para que analicen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos adquiridos por España.

Fuentes del Gobierno también señalan que se van a promover distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento Europeo para su debate y votación. Además, se va a invocar frente al Consejo de Europa la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos para reclamar un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox.

¿Hay posibilidad de que estas denuncias tengan recorrido?

La catedrática de Derecho Constitucional, Yolanda Gómez, considera que hay una base para poner un recurso al Constitucional, "porque podrían vulnerarse las competencias que corresponden al Estado, al ir en contra de la Ley nacional de Memoria". Aunque reconoce que aún es pronto porque falta por conocer los textos definitivos, Gómez cree que, "de momento, parece que diluyen el concepto de víctima, de democracia y de memoria democrática".

En el caso de los recursos a organismos internacionales, explica que "cualquier manifestación que pueda venir sería relevante, pero hay que tener claro que en la Unión Europea no va a haber un pronunciamiento de carácter judicial". Es decir, no habría una consecuencia jurídica directa, pero sí podría haber declaraciones importantes, por ejemplo, por parte de Naciones Unidas (ONU), que pudieran ser tenidas en cuenta por un juez en España. La principal decisión judicial que se podría tomar fuera de España se acotaría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Si el Gobierno acaba llevándolo al Consejo de Europa y se interpone una demanda ante el tribunal de Estrasburgo, sí podemos acabar con una decisión judicial del exterior", explica.

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