El Constitucional revoca la sentencia que rebajó la condena por violación a un catedrático de la Universidad de Sevilla
Ampara a las víctimas y revoca la sentencia "irrazonable y sin base legal" de la Audiencia de Sevilla que rebajó de casi 8 años a menos de 3, la pena de cárcel al decano y catedrático de Educación Física por dilaciones indebidas. El Constitucional reprocha a la Audiencia que no tuvo en cuenta la situación de superioridad del agresor, que influyó en que las víctimas tardasen 2 años en denunciar
Imagen de archivo del edificio del Tribunal Constitucional. / Europa Press News
Madrid
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha amparado de forma unánime a una de las profesoras que fue víctima de agresión sexual por parte de su jefe directo en la Universidad de Sevilla, contra la rebaja de la condena para su agresor.
La Audiencia Provincial de Sevilla había rebajado de 7 años y 9 meses de cárcel a 2 años y 8 meses, la pena para el decano y catedrático de educación física de la facultad de Educación de Sevilla, Santiago Romero, quien había abusado sexualmente de tres profesoras de su departamento de forma continuada entre los años 2006 y 2010.
La Audiencia de Sevilla rebajó la sentencia porque las víctimas tardaron 2 años en denunciar y aplicó el atenuante de dilaciones indebidas. Pero La Sala Segunda del Constitucional, de forma unánime, ampara a una de las víctimas denunciantes y revoca ese fallo que considera "irrazonable y sin base legal".
El Constitucional afea a la Audiencia que si las víctimas tardaron 2 años en denunciar, fue porque eran mujeres jóvenes, con contratos precarios, cuya renovación y futuro profesional dependían de su agresor, por lo que no actuaban con total libertad. Además, las profesoras sí pusieron los hechos en conocimiento de sus superiores en la Universidad de Sevilla en reiteradas ocasiones, obteniendo la callada por respuesta. Solo finalmente, después de presentar una denuncia escrita ante el vicerrectorado, la propia Universidad formalizó la situación ante los tribunales.
El Constitucional recalca que responsabilizar a las perjudicadas por la demora en denunciar no solo es "irrazonable" desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, sino que es "discriminatorio" por razón de sexo, y confirma la condena de casi 8 años para el decano, Santiago Romero.
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