El Gobierno activa la maquinaria para conseguir más vivienda: agilizar las licencias y un mensaje para propietarios de inmuebles en alquiler

El Ejecutivo quiere estrechar su relación con todos los actores que forman parte del sector inmobiliario “para en el menor tiempo posible ser capaces de ofrecer una alternativa de vivienda digna y asequible”. Estas eran las primeras palabras con las que la ministra del área, Isabel Rodríguez, daba cuenta de la reunión presidida por el propio Pedro Sánchez con representantes de banca, constructores, promotores, sindicatos, agentes del tercer sector y cooperativas.

Simplificar los trámites a constructores y promotores

Este jueves saldrá a consulta pública la orden ECO 805/2003, 27 de marzo dependiente del ministerio de Economía, que busca agilizar la gestión urbanística e introducir nuevas técnicas constructivas. En definitiva, tratará de reducir los plazos de licencias que de media, según la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) oscila entre los nueve y 12 meses. Una medida demanda por el sector y que desde APCE implicaría la coordinación de las empresas suministradoras en el proceso de gestión urbanística y posterior fase de edificación.

A esto se suma, la modificación de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que pretende “evitar que los errores formales”, explican desde el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, paralicen los planes urbanísticos.

La ministra se dirige a los propietarios: "Les necesitamos"

España urgen, según cálculos el Gobierno, un millón y medio de viviendas a precio asequible para dar solución al problema de la vivienda. Para ello, es necesario activar toda la maquinaria.

Los destinatarios del primer mensaje de Rodríguez han sido los propietarios de viviendas en alquiler: “Les necesitamos”. La ministra cifraba en el 95% de los inmuebles en alquiler que pertenecen a propietarios particulares y que “el Gobierno va a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías” para animarles a que pongan sus viviendas en disposición de alquiler sostenible. Algo que implicaría que la cuantía que se fije esté en línea con el límite marcado para evitar el estrés en el pago de la vivienda, es decir, que el pago del piso o de la casa no supere el 30% de los ingresos de un ciudadano.