Madrid

El pasado jueves 11 de abril, la Eurocámara solicitaba la inclusión del derecho a un aborto seguro y legal en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. No es una resolución vinculante, sino una petición colectiva que requeriría un acuerdo unánime por parte de todos los Estados miembros. "La atención sanitaria, incluyendo la salud sexual y reproductiva, es una competencia nacional", confirma la Declaración de la Comisión en Bruselas.

Pese a que la legislación en España regula la objeción de conciencia, en muchos lugares no se ha previsto que se pueda ejercer y a la vez garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo con toda garantía y en la sanidad pública. Por ejemplo, en la provincia de Jaén las mujeres se tienen que desplazar a otras para poder abortar. No es posible hacerlo ni en la sanidad pública y no existe ninguna opción privada concertada, como sí sucede en otras ciudades. "La Junta de Andalucía y otras entidades gubernamentales conceden ayudas a mujeres embarazadas, pero nadie acompaña a aquellas que desean interrumpir libremente su embarazo" explica Sara Martínez Ballesteros, miembro del colectivo Feminista 8M de Jaén.

"La razón que se da es la ausencia de equipos médicos, pese a la vigencia de las leyes (la Ley Orgánica 2/210 de 3 de marzo y la Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero) de carácter sexual que están ahí para cumplirse". Leyes que, no ha de olvidarse, establecen la obligación de cumplimiento por parte de los poderes públicos. La posible incursión en un delito derivado de esta negativa sanitaria no se descarta. "La objeción de conciencia no está regulada; no existe un registro de profesionales objetores. Un limbo al que se acogen las administraciones donde puede que haya una gran presión social hacia el médico que se puede sentir señalado o encasillado".

Entonces, ¿dónde queda la relación de la mujer con su cuerpo en este territorio de Andalucía?

Según estadísticas realizadas por el INE, hasta 800 mujeres que interrumpieron su embarazo de manera libre el año pasado tuvieron que desplazarse fuera de Jaén para poder realizarlo de manera legítima y segura. Los traslados incluyen a Málaga, Córdoba o incluso a Sevilla, ciudades donde existen centros privados concertados que practican el IVE.

Y es que desde el año 2010, en esta provincia andaluza de aproximadamente 600.000 habitantes, no es posible para las mujeres ejercer este derecho a tener control respecto de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse sujetas a la coerción, a la discriminación sanitaria, a la violencia administrativa o burocrática.

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Por ello, el colectivo Feministas 8M de Jaén ha anunciado que presentará una queja formal ante el Ministerio de Sanidad debido a la imposibilidad de acceder a servicios de aborto en la provincia. Esta acción se produce en un contexto de creciente preocupación por los derechos reproductivos en España, mientras en Estados miembros vecinos como en Francia se dan pasos agigantados; protegiendo explícitamente en la Constitución el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ante toda circunstancia desde el mes pasado.

Según representantes del grupo, las mujeres de Jaén enfrentan barreras significativas que califican de "negligencia institucional". Estas trabas no solo afectan a Jaén sino que son reflejo de un problema más amplio a nivel nacional e internacional. Ballesteros insiste en que le corresponde a la Administración planificar y gestionar que se pueda ejercer de manera efectiva este derecho al aborto.

El Ministerio de Sanidad aún no ha respondido a las acciones anunciadas que recalcan la urgencia de su demanda, pero la presión pública está aumentando, en parte gracias a la difusión de estos temas en plataformas mediáticas y sociales.

La lucha continua por los derechos reproductivos y la necesidad de un enfoque sanitario que priorice la accesibilidad y la equidad no cejan en su empeño en España.