El Banco de España rechaza las soluciones cortoplacistas al problema de la vivienda y pide un pacto de Estado

Madrid

El acceso a la vivienda es un auténtico quebradero de cabeza para muchas familias, especialmente para los jóvenes. Lo constata el Banco de España en uno de los capítulos del informe anual que dedica íntegramente a analizar el estado del sector y a proponer soluciones para un reto que coarta la salud financiera de muchas familias. Y su principal conclusión es que se necesitan soluciones de "horizonte temporal amplio" que amplien el parque de vivienda en España y no respuestas de corto plazo que pueden tener, avisan, efectos indeseados.

El informe calcula que España afronta un importante déficit de vivienda nueva, que el Banco de España cifra en 600.000 entre 2022 y 2025. Esto se debe a que se crean más hogares que viviendas se construyen cada año. Un problema que se concentra especialmente en cinco áreas: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante, que coinciden con las zonas dónde más han subido los precios de la vivienda en los últimos años. Un déficit de vivienda nueva que convive con la existencia de casi cuatro millones de viviendas vacías en España, aunque la ubicación de unas y otras no necesariamente es la misma. Pero precisamente ese parque de vivienda vacía puede ser parte de la solución: los economistas del regulador proponen fomentar la rehabilitación de estas viviendas para sacarlas al mercado y solventar una parte pequeña de ese déficit.

En todo caso, los datos del informe corroboran que los problemas de acceso a la vivienda se han incrementado en los últimos años, especialmente para los jóvenes y para los hogares con menos renta. Y esto está retrasando la emancipación de muchas familias. Según sus datos, una familia que ahora mismo esté viviendo de alquiler debería destinar su sueldo íntegro durante 7,4 años para poder comprar una vivienda. Y en el caso de los jóvenes, un poco más, hasta 7,7 años de sueldo.

Esta situación imposibilita que la mayoría de los que viven ahora de alquiler puedan permitirse una vivienda en propiedad. De hecho, el 61% no tiene ahorros suficientes para afrontar la entrada. Y entre los que sí tienen ahorros, casi la mitad no cumple los niveles de ingresos mínimos necesarios para acceder a una hipoteca, de manera que en conjunto tres de cada cuatro familias en alquiler no tiene sustento suficiente para adquirir una vivienda.

El informe vuelve a insistir en las consecuencias negativas de establecer topes al precio del alquiler, como permite la nueva ley de vivienda. Dice textualmente que "podría incrementar los precios situados por debajo" del umbral fijado por la ley. Además de reducir la oferta de vivienda en alquiler en las zonas dónde se aplican estos topes.

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Soluciones a largo plazo

Además de diseccionar el problema, el informe propone algunas soluciones. Partiendo de una petición general: la de apostar per medidas de largo plazo que impliquen a varias administraciones públicas para evitar vaivenes en función de los cambios de gobierno. Y evitando, dice, "actuaciones cuya efectividad pudiera ser relativamente limitada en el corto plazo" que pueden generar "efectos indeseados significativos (...) a medio y largo plazo". Una petición a un acuerdo entre gobiernos y partidos que aporte estabilidad en la regulación de la vivienda.

Ya en lo concreto el informe enumera soluciones en distintos ámbitos: desde la apuesta por la rehabilitación y la cesión de viviendas para aumentar el parque disponible, hasta el diseño de programas de rentas garantizadas para favorecer que los hogares con menos recursos tengan más opciones de obtener una vivienda. El decálogo incluye también un rediseño de la tributación para incrementar el IBI, reduciendo el IVA que se aplica al sector.

El Banco de España también constata que el incremento de los alquileres turísticos y de temporada ha contribuido a tensar más la oferta de viviendas en las zonas más turísticas. Aunque en este apartado no propone directamente restringir este tipo de viviendas si no evaluar cuantitivamente el impacto sobre la actividad económica que podría tener la decisión de limitar las viviendas turísticas.