La pareja de Ayuso propuso a la Fiscalía asumir 8 meses de cárcel y 525.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal y falsedad documental

Madrid

La pareja de Ayuso propuso a la Fiscalía asumir 8 meses de cárcel y 525.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal y falsedad documental. El abogado de Alberto González Amador propuso el pasado 2 de febrero un pacto de conformidad para evitar el juicio oral cuyo contenido se desconocía, y que a esta hora desvela la SER. Un documento de ocho páginas en el que la pareja de Ayuso admite la comisión de dos delitos de fraude fiscal y acepta 4 meses de prisión por cada uno de ellos, es decir, admite una condena de 8 meses de cárcel.

El abogado de la pareja de Ayuso también acepta en ese documento el pago de la cuota defraudada más intereses, que en total asciende a 375.000 euros, a los que Alberto González Amador agrega el 40 por ciento adicional en concepto de multa, con lo que finalmente se compromete a abonar 525.000 euros a la Hacienda Pública por el total defraudado. También acepta no poder percibir ayudas o subvenciones públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de 9 meses.

La Fiscalía ha rechazado en su querella esa primera propuesta de la pareja de Ayuso. Quiere que además de los dos delitos fiscales, asuma el de falsedad documental, porque Alberto González Amador empleó un entramado de facturación falsa para defraudar a la Hacienda Pública.

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El abogado relata en el escrito que Alberto González intentó regularizar su situación pagando en el impuesto de sociedades de 2022, un total de 629.000 euros de más que debería haber abonado en los ejercicios 2020 y 2021. Pero el abogado de la pareja de Ayuso reconoce que el pago se produce una vez ya se ha “iniciado el procedimiento inspector” y que por tanto “no puede operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad, con lo cual estamos completamente de acuerdo”, dice el letrado, con la Agencia Tributaria.

Hacienda no puede operar de otro modo porque le obliga la ley. Una vez ya se ha iniciado el procedimiento inspector, no proceden regularizaciones, devuelve el dinero pagado de más irregularmente por Alberto González, y lo fía todo al procedimiento judicial.