La propuesta contundente de Eduardo Madina para renovar el Poder Judicial: "Y todos a su casa"

El Senado, con mayoría del PP, reprobará este miércoles al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una maniobra política que busca promover su destitución. Este debate se produce un día después de que el Supremo anulase el nombramiento de Dolores Delgado, que fue fiscal general y ministra de Justicia, como fiscal de Memoria Democrática y de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptase a trámite la denuncia del novio de Isabel Díaz Ayuso por filtración de secretos.

A este asunto se le debe sumar el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva caducado más de cinco años y continúa con una mayoría conservadora. Los intentos de negociación entre PSOE y PP han terminado sin ningún acuerdo. La intervención de la UE a través de un comisario tampoco ha dado frutos.

La politización de las instituciones judiciales se ha debatido en El Abierto de Hoy por Hoy de este miércoles en el que han participado Eduardo Madina, Víctor Lapuente y Berna González Harbour.

Madina ha dibujado en términos contundentes una posible solución al bloqueo del Poder Judicial. "Ojalá en pleno lío alguien proponga, y perdona que me vaya por aquí, Àngels, que la renovación que necesita el Consejo General del Poder Judicial es la de mantener las mayorías complejas que ya ahora tiene, es decir, asociaciones, Congreso y Senado, para un mandato de cinco años que el día que termina, todo el mundo se va a su casa", ha propuesto.

"Todos los vocales, con imposibilidad de ampliación", ha insistido Madina, "y que se abra un período de un mes, dos meses, para la renovación". "Si no hay acuerdo, concurso, entre los nombres propuestos por las asociaciones", ha planteado. "Me juego todas las cenas que queráis a que siempre habrá acuerdo, porque antes que el concurso, preferirán un mal acuerdo a un buen concurso; seguro, todos los grupos", ha planteado.

El político ha rematado su propuesta asegurando que de ese modo "acabaríamos con esta situación surrealista en la que el Consejo General del Poder Judicial tiene su mandato caducado tanto tiempo, cinco años, como dura su mandato efectivo".

González Harbour ha criticado el clima que se ha establecido: "Hay una guerra política que se ha trasladado a las instituciones judiciales. Los partidos hacen un uso partidista de la justicia". Así, ha dicho que el movimiento en el Senado del PP contra el fiscal general tiene un objetivo: "El PP ha logrado que hablemos de la Fiscalía en vez de lo importante, que el novio de Isabel Díaz Ayuso, defraudador confeso, sigue sin dar explicaciones".

Finalmente, Lapuente ha lamentado la injerencia de la política en las instituciones judiciales: "Vemos que las cúpulas están muy politizadas y además, hay una relación muy jerárquica dentro de la judicatura, por lo que es difícil oponerse a algunos decisiones sin ver la carrera perjudicada". También ha hecho algunas propuestas: "Lo más lógico sería que el mandato del Gobierno no coincidiera con el del Fiscal General del Estado y se deberían aumentar los criterios profesionales".