Las claves de la reforma de la ley del Suelo que el Gobierno negociará con los grupos parlamentarios

Ante la falta de apoyos, el PSOE ha decidido a primera hora de la mañana no llevar la reforma de la Ley del Suelo al Congreso de los Diputados. Sumar ya había anunciado su intención de no apoyar la medida, el PP también había asegurado que no apoyaría al Ejecutivo, y a esto se añadía la negativa de otros socios de investidura como Podemos, ERC y Junts. Por este motivo, se pospone la tramitación de la modificación de la ley que pretende "dar seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables" puedan acarrear el decaimiento total de los planes de ordenación urbanística.

En declaraciones a las puertas del Congreso, la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha mostrado satisfecha por haber cumplido su palabra "con los ayuntamientos y las comunidades autónomas que pidieron esta ley". "No he escuchado ni una sola voz de ningún ayuntamiento o comunidad autónoma o urbanista que le haya puesto una sola pega a este texto. Ha sido un texto dialogado", ha defendido. Asimismo, ha explicado que "la política de vivienda no está en campaña electoral" y confía en que puedan sacarle partido a esta norma "cuando pasen las elecciones".

¿Qué modificaciones introducía la Ley del Suelo?

La reforma de la Ley del Suelo que se quería votar en el Congreso tiene tres objetivos fundamentales. Por un lado, pretende evitar que los planes de ordenación urbanística municipales decaigan en su totalidad por defectos formales que no sean sustanciales. Esto quiere decir que, en caso de fallos menores, no se paralice todo el plan, sino parte y que se corrija en un plazo de año.

Esta modificación contempla una prórroga de seis meses en caso de que el organismo responsable de la reforma no cumpla con el plazo. El PGOU se anularía en su totalidad si finalizado este plazo, no se hubiera subsanado el procedimiento. Sumar considera que eso no tiene seguridad jurídica.

Por otro lado, la norma también tiene un punto sobre la acción pública urbanística que no se modifica desde 1956 y que plantea quién es legítimo para presentar alegaciones. Mientras que el texto actual permite a cualquier persona a ejercer la acción pública, la reforma pretende limitar este permiso a las personas físicas y jurídicas sin ánimo de lucro. Además, especifica que la acción pública deberá ejercerse en defensa de los intereses generales vinculados con la ordenación territorial y el urbanismo, y respecto a aspectos materiales o sustantivos.

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Por último, la ley explicita un plazo de cuatro años para los llamados 'recursos indirectos' para salvaguardar el interés general. Por su parte, Sumar critica que se acoten los tiempos.