La ley de amnistía ha sido aprobada definitivamente en el Congreso. No será publicada de forma inmediata en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la previsión es que pueda hacerse a partir de la próxima semana, según han informado fuentes del Gobierno. Después de la aprobación definitiva por parte del Parlamento de la proposición de ley de amnistía presentada por el grupo socialista, habrá que esperar a que lo haga previamente el Boletín Oficial de las Cortes. Se trata, según recalcan las fuentes citadas, del procedimiento habitual. Por tanto, no se incluirá este mismo viernes en el BOE y se estará a la espera de cuándo lo haga el Boletín de las Cortes, que suele tardar en torno a una semana en publicar las leyes y, unos días después, hace lo propio el Boletín del Estado. Además, la ley deberá ser sancionada por el rey, que, según el artículo 91 de la Constitución, tiene un plazo de quince días para hacer efectiva la sanción de las leyes, promulgarlas y ordenar su inmediata publicación. Felipe VI viaja este viernes a El Salvador para asistir a la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de este país y regresará a España el domingo, 2 de junio. Con todos esos condicionantes no se apunta una fecha estimada para la publicación en el BOE pero en cualquier caso será en un máximo de quince días. En consecuencia, podría publicarse en la recta final de la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio o hacerlo poco después. Lo que sí recoge el propio texto de la ley en su disposición final es que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una vez se publique en el BOE, la ley entrará en fase judicial para que los jueces y magistrados pueda aplicarla y amnistiar a todos los que estén amparados por la norma. Los negociadores estiman que habrá alrededor de 400 líderes independentistas y 73 policías beneficiados cuando entre en vigor. La norma tiene carácter preferente y da un plazo de dos meses al Poder Judicial para materializarla. La ley supone el alzamiento de todas las medidas cautelares que estuvieran en vigor, incluidas las órdenes de detención que pesan sobre Carles Puigdemont y el resto de fugados. En el caso del expresident, será el Tribunal Supremo el que deba aplicar la norma después de pedir opinión a la fiscalía y al resto de partes personadas en el procedimiento. A la espera de ponerlo por escrito en el informe que le pida el Tribunal Supremo, los fiscales del procés han transmitido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que están en contra de aplicar la ley de amnistía al expresident Carles Puigdemont por el delito de malversación que puede acarrear penas de hasta 12 años de cárcel.