Los fiscales del procés se oponen a amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación

MADRID

A la espera de ponerlo por escrito en el informe que le pida el Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno han transmitido al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que están en contra de aplicar la ley de amnistía al expresident Carles Puigdemont por el delito de malversación que puede acarrear penas de hasta 12 años de cárcel.

El Congreso aprueba la ley de amnistía que ahora entra en la fase judicial

La ley de amnistía contempla que no será aplicable en el delito de malversación cuando haya habido enriquecimiento personal. Esta es la postura que, según han confirmado a la Cadena SER fuentes jurídicas, le han transmitido al jefe de la Fiscalía. Los fiscales del procés sí que consideran aplicable la amnistía para los otros delitos que se atribuyen a Puigdemont: desórdenes públicos y desobediencia.

La cúpula de la fiscalía también considera que no procede levantar las órdenes de detención que están en vigor respecto del ex President y el resto de fugados. La ley del perdón, que acaba de aprobar el Congreso, establece el alzamiento de todas las medidas cautelares que pesen sobre los afectados cuando se publique en el BOE.

A partir de ahora, la última palabra la tendrán el magistrado instructor, Pablo Llarena, y el tribunal que ha juzgado el procés y que presidió el presidente de la sala de lo penal, Manuel Marchena. Fuentes del alto tribunal recuerdan que los magistrados están a la espera de deliberar la aplicación de la ley y que hay que ponderar los derechos en juego teniendo en cuenta la voluntad del legislador que es la de "amnistiar" el procés.

Describe los términos políticos de la amnistía

En un informe de más de 100 páginas recuerdan que la amnistía no formo parte del debate electoral, ni se informó ni se consultó a la ciudadanía, describiendo en términos políticos la amnistía. Por eso, sostiene que no es de extrañar que el rechazo a la misma sea ampliamente mayoritario en la sociedad española y haya generado un clima de confrontación.

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Además, sin citar al PSOE, recuerdan que se opuso a esta medida antes de las elecciones, pero que luego incurrió en un brusco e inesperado cambio de opinión para hacer de la necesidad virtud, parafraseando a Pedro Sánchez. Es una ley, concluyen, que nace fruto de la necesidad política, lo que está muy lejos del pretendido argumento del interés general.