El Poder Judicial se polariza ante la aplicación de la ley de amnistía

El Congreso ha aprobado definitivamente la ley de amnistía que ahora entra para su aplicación en el pantanoso terreno judicial. Este viernes se reúne el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, con la cúpula de la Fiscalía de Catalunya, de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas para buscar la postura común del Ministerio Público. Ayer fue el turno de los cuatro fiscales del Procés que adelantaron a García Ortiz que su propuesta es la de mantener una posición contraria a aplicar la amnistía a los fugados Carles Puigdemont, Toni Comin y Lluis Puig por el delito de malversación. Y también a los que fueron condenados como Oriol Junqueras, Raul Romeva o Dolors Bassa que seguirían inhabilitados.

Tres escenarios para la amnistía

La propuesta de estos cuatro fiscales no es la posición oficial de la Fiscalía y en cualquier caso la última palabra la tendrá la sala de lo penal del Tribunal Supremo. En el momento en que la Ley de Amnistía se publique en el BOE, el juez instructor, Pablo Llarena, pedirá opinión a las partes para que informen en un plazo de diez días, antes de tomar una decisión. El tribunal que juzgó el Procés también tendrá que mover ficha respecto de los dirigentes políticos que fueron condenados. Tres son los escenarios que tienen sobre la mesa los magistrados. El primero, y el menos probable, es que apliquen íntegramente la ley de amnistía a los líderes independentistas que fueron encausados por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

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El segundo, seguir la estela de la fiscalía y considerar que el delito de malversación no encaja en la ley de amnistía. En este caso, habría que dictar una nueva resolución judicial motivada con la que el alto tribunal justifique que a pesar de la entrada en vigor de la ley del perdón, ésta no será de aplicación. La consecuencia inmediata será que el alto tribunal renovaría las medidas cautelares que pesan sobre Puigdemont, Comin y Puig que serían detenidos si regresaran a España.

La tercera posibilidad es que haya dudas en la aplicación de la ley y que el Tribunal Supremo decida presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este caso, siempre habría que levantar antes las medidas cautelares que pesan sobre los fugados hasta que se resolvieran las dudas.

Es precisamente este tercer escenario por el que ha apostado la unión progresista de secretarios judiciales en un comunicado en el que señalan que "un Estado de Derecho es aquel que garantiza la separación de poderes y donde el Poder Legislativo legisla y el judicial aplica las leyes". "En caso de que haya dudas sobre si una ley es contraria a la Constitución o al Derecho Comunitario", añaden, lo que hay que hacer es elevar esas dudas a los tribunales correspondientes.

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