El gobierno de Georgia presenta una ley para restringir los derechos del colectivo LGTBI

Cuando todavía se escuchan los ecos de las protestas en la calle en Georgia por la aprobación de una ley que permitirá al gobierno sancionar y perseguir a las empresas que reciban inversión del extranjero, al estilo de la que está vigente en Rusia, el ejecutivo de ese país ha anunciado una nueva legislación para restringir los derechos de gays, homosexuales, bisexuales y transexuales.

La proposición debe pasar por el Parlamento, donde el partido del gobierno tiene mayoría suficiente para poder aprobarla. La legislación establecerá medidas aún más restrictivas en un país donde ya está prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. "No se permitirá registrar una unión matrimonial alternativa que contradiga las condiciones del matrimonio establecidas por la legislación de Georgia, es decir, no habrá unión que no sea entre un hombre y una mujer", ha explicado el presidente del Parlamento, Shalva Papuashvili.

Esta ley, que según el gobierno georgiano pretende proteger "los valores familiares" prohibirá las cirugías de cambio de sexo, el cambio de género en el documento de identidad, la difusión de lo que llama "propaganda LGTB" en los centros educativos y los medios de comunicación y hasta la celebración de reuniones o eventos en donde se defienda el matrimonio homosexual.

Según ha explicado Papuashvili, la legislación llega a comparar la homosexualidad con el incesto, ya que recoge que "no estará permitido emitir escenas que muestran escenas íntimas entre personas del mismo sexo o incestuosas".

Contra los valores europeos

Este nuevo movimiento del gobierno de Georgia aleja todavía más al país de la Unión Europea a pesar de que es candidato a la adhesión desde finales del pasado año. Las autoridades comunitarias ya han advertido a Georgia de que la ley que podía silenciar a opositores era contraria a los valores europeos, y esta nueva legislación atenta también contra los principios de la Unión.

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De hecho, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado ya el proyecto en el que viene trabajando el gobierno georgiano. Para Denis Krivosheev, vicedirector de esta organización para Europa del Este y Asia Central, "la iniciativa es un ataque descarado contra los Derechos Humanos en Georgia".

Hasta este momento, el Código Penal georgiano castiga como agravante en la comisión de delitos que vengan incitados por la orientación sexual o por identidad de género, y desde 2008 las personas transexuales pueden cambiar de nombre.

No obstante, las agresiones homófobas son frecuentes en el país. Sin ir más lejos, el pasado año un grupo de ultras de extrema derecha irrumpió de forma violenta en la celebración del Orgullo Gay en Tiflis.