El Poder Judicial censura las críticas de Pedro Sánchez al juez que investiga el 'caso Begoña'

El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo entran en el cuerpo a cuerpo, después de la carta de la semana pasada del Presidente del Gobierno. Pedro Sánchez acusó al juez que investiga las actividades profesionales de su mujer de interferir en la campaña electoral imputando a Begoña Gómez para que acuda a declarar el próximo 5 de julio. Este lunes ha sido la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces la que ha aprobado un comunicado avalado por progresistas y conservadores en el que responden a la carta a la ciudadanía de Sánchez.

Dice el texto que "hace una valoración política de actuaciones de un juez de instrucción" y que, aunque las resoluciones judiciales "están sujetas a la crítica moderada y racional" y a su "impugnación por quienes estén legitimados para recurrirlas a través de los cauces legalmente establecidos", merecen "el máximo respeto de todos y, de manera especialmente cualificada, por quienes están al frente de las instituciones, sin excepción alguna".

En este sentido hacen un nuevo "llamamiento a la contención" y recuerdan que "los ciudadanos españoles pueden tener la confianza de que sus jueces y juezas garantizarán en todo caso sus derechos con sujeción a la Constitución y al resto de su ordenamiento jurídico”.

El juez Peinado dictó un auto en el que atribuyó formalmente la condición de investigada a Begoña Gómez, a pesar de que el informe de la UCO sostiene que no hay indicios de delito en su actividad laboral. El juez tomó esta decisión sin haber oído a los testigos de la única parte de la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias que la Audiencia de Madrid consideró que tenía indicios que justificaban la apertura de la investigación. Esos testigos están citados el próximo domingo 16 de junio.

JJPD rechaza el comunicado

El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, ha criticado al CGPJ por hablar de “deterioro” cuando sus vocales se mantienen desde hace cinco años en un órgano con el mandato caducado. “No hay mayor deterioro que su persistencia en mantenerse en el cargo”, afirmó. Considera, igualmente, que “es incoherente pedir contención en las declaraciones políticas”, cuando en su actividad cotidiana la mayoría conservadora de este órgano “ha apostado por convertirse en un actor político más, que interfiere en el debate político llevando al desprestigio a la judicatura”.
Rodríguez recuerda que esa mayoría “boicoteó durante meses la renovación del Tribunal Constitucional”, ha sido “capaz de opinar sobre la proposición de ley de amnistía sin conocer su contenido” y utiliza los informes que emite “para seguir las consignas de algunos partidos”.