El Gobierno aprueba la ley del Cine sin cambios con respecto al primer borrador de Iceta

Fue una de las leyes que se quedó en stand by cuando Pedro Sánchez convocó elecciones hace más o menos un año. La Ley del Cine era esperada por el sector, por varios motivos. Primero porque desde la ley vigente se aprobó en 2007 y, desde entonces hasta ahora el cine ha cambiado y mucho. Segundo, porque iba a suavizar la definición de productor independiente que tanto había escocido en la Ley Audiovisual aprobada en 2022 entre otras muchas cosas. Pues bien, este martes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, recupera aquel borrador, finalmente sin cambios, que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros. Ahora, Ley de Cine y de la Cultura Audiovisual comenzará su tramitación parlamentaria y será ahí, en el Congreso de los Diputados, donde se incluyan los cambios a través de las distintas enmiendas. "Se trata de dar estabilidad a una de las grandes industrias de nuestro país, protegiendo a los sectores independientes y fijándonos en la internacionalización", decía el ministro en rueda de prensa. "Nunca el cine español había tenido tanto apoyo desde el gobierno de coalición, queremos que España siga en el pódium de las potencias cinematografías".

Para Urtasun esta norma fue su prioridad, según afirmó en sus primeras comparecencias y entrevistas, y ha ido reuniéndose con el sector durante estos meses, para finalmente aprobar ese borrador que Miquel Iceta presentó en febrero de 2022. Ahora su tramitación se hará por la vía de urgencia y aprobación antes de que finalice 2024, cumpliendo así con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Quiero agradecer la labor a mi antecesor", reconocía el ministro. La norma, que se contempla dentro del Plan España, Hub Audiovisual de Europa, y, según Cultura, como ya contamos, pretende impulsar y fomentar la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales; y establece tanto condiciones que favorezcan su creación y promoción, como medidas para la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual español. Además, reconocía Urtasun, la norma pone en el centro los derechos de autor. "La ley española en materia de propiedad intelectual se aplicará a todos los que operan en España", en referencia a productoras extranjeras o plataformas.

Ley de cine y "cultura audiovisual"

Este texto adapta la ley a los grandes cambios que ha experimentado la industria del cine y del audiovisual en España y en todo el mundo, adaptándose a los nuevos tiempos y maneras de consumo de las películas y las series. De hecho, en el título de la ley se ha incorporado el concepto de ‘cultura audiovisual’ junto al de ‘cine’, al entender que la actividad cinematográfica y la actividad audiovisual constituyen una unidad que integra las especificidades de los distintos medios de explotación y difusión de las obras audiovisuales. Por lo tanto, se deja constancia, ya en el título, de la intención de ampliar el campo de acción normativa al audiovisual en su conjunto, sin perjuicio de que la actividad cinematográfica continúe manteniendo un especial nivel de atención y protección. Sin embargo, insisten en el ministerio, se protegerá al cine, pues la ley considera que el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual reservará siempre un porcentaje significativo de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica, aunque incluya otras formas audiovisuales, como series.

En pleno boom de las series y con el crecimiento de la animación, esos contenidos no estaban recogidos en la norma de 2007. Tampoco las producciones minoritarias y eso hace que se queden sin ayudas y sin estar dentro del amparo del ministerio de Cultura y del ICAA. De modo, que en un futuro podrían entrar dentro de las ayudas a la producción todos estos nuevos productos audiovisuales e incluso las películas que no estrenen en salas de cine. "Las series podrán ser objeto de ayudas públicas", dejaba claro el ministro.

Productor independiente

El objetivo de la norma, decía el ministro, es fortalecer el tejido creativo e industrial, poniendo el acento en los sectores independientes. Es precisamente entre la producción independiente donde estaba el conflicto. Desde 2004, el Gobierno obliga a las televisiones (Mediaset, Atresmedia y Movistar+) a invertir un 5 por ciento de sus ingresos totales en la producción de cine, y que una parte de esas películas se haga con productoras independientes. "Quiero ser muy claro, proteger a los productores independientes. definición que goza de gran consenso y va a marcar el destino de los fondos de la cinematografía. Darán prioridad a los productores independientes", explicaba Urtasun.

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En la polémica Ley Audiovisual se permite a sus productoras trabajar con otro gran operador. O sea, una compañía participada por Atresmedia ya no podría hacer películas con la propia Atresmedia pero sí con Mediaset o Netflix. Grupos de productores como AECINE, DIBOOS, PROA y PROFILM explicaban en la Cadena SER, en el momento de redacción de este borrador que ahora se aprueba: “No estamos en contra de la producción de los grandes grupos, cualquier modo de generar industria y riqueza es positivo, pero el objetivo de esta ley y de la normativa europea siempre ha sido proteger el producto nacional y europeo frente a la avalancha de los grandes grupos y la homogeneización de estos grupos, porque al final la decisión de qué se produce la toman fuera”.

Salas de cine

En un momento como el actual, donde la taquilla ha dado un gran bajón con respecto a las cifras de octubre, la ley contempla también ayudas a las salas de cine. La ley incorpora ayudas a la distribución independiente, a la exhibición -siempre y cuando las salas de cine sean accesibles a las personas con discapacidad- y también a la creación". Todas las salas cinematográficas podrán acceder a las ayudas a la exhibición, aunque se mantendrá la especial atención a las salas independientes o de núcleos rurales". Y a su vez, modifica la cuota de pantalla, es decir el porcentaje de espacio que cada cine debe reservar a las películas españolas y europeas. Esta cuota pasa de un 25 a un 20 por ciento, e incluye, como novedad, cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres. Algo que divide al sector. Por un lado FECE, la organización que agrupa a las salas de cine, considera que esa cuota les perjudica al tener que exhibir un cine que no tiene tanta atención mediática y tantos espectadores. Por otro, ADICINE, los distribuidores independientes, explican que ahoga a un cine europeo y español que no cuenta con los medios del cine americano o el cine más mainstream.

Por otro lado, se incluye también que las plataformas declaren los datos de visionado de series y películas, al igual que hacen las salas de exhibición y cada semana el Instituto Nacional de Cine corrobora y publica. La posterior regulación reglamentaria del sistema será la que determine los ámbitos temporal, geográfico y de volumen de negocio para aportar los datos de visionados, y que se llevará a cabo a través de una comisión en la que participará, junto con el ICAA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Igualdad y diversidad

El proyecto de Ley centra algunas de las cosas que el gobierno ya venía realizando, como las ayudas al cine escrito y dirigido por mujeres. Algo ya establecido en las ayudas a la producción que cada año otorga en dos convocarios el ICAA, queda registrado en esta norma. Por ejemplo, la reserva del 35 por ciento de la dotación de ayudas a producción reservada a mujeres, pasa ahora a ser una obligación recogida en la Ley que deberán cumplir todas las ayudas a producción. Adicionalmente, se incluye que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura, a través de la Filmoteca Española, adoptará iniciativas destinadas a visibilizar la producción y el papel de las mujeres en el patrimonio cinematográfico y audiovisual español.

A su vez, protege a colectivos con dificultades de acceso por discapacidad. Será requisito para acceder a las ayudas de largometrajes y distribución la incorporación de sistemas de accesibilidad. Las empresas que aspiren a ser beneficiarias de ayudas públicas deberán cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, en el caso de que les sea aplicable. También se incluye la obligación de cumplir con las condiciones de accesibilidad universal en la exhibición cinematográfica, al tiempo que plantea una mejora en la Filmoteca Española en la accesibilidad para la difusión de las obras cinematográficas. La Ley promueve también la pluralidad lingüística, por lo que se protegerá y se promocionará las obras audiovisuales en las lenguas oficiales del Estado.

Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual

También como novedad, se recoge la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley. Será una nueva herramienta para el diálogo, la comunicación y la cooperación en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual. Compuesto por representantes de asociaciones y organizaciones de los sectores, de la administración estatal, autonómica y local, y vocales de reconocido prestigio, abordará cuestiones de políticas públicas, alfabetización audiovisual o patrimonio, entre otras. Entre sus funciones, se añaden en este proyecto de Ley las de impulsar mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para la propuesta de acuerdos y solución de controversias, entre otras. "Es importante porque articulará las relaciones con el sector y la administración", dice sobre una de las demandas más antiguas del mundo del cine.