El Supremo pregunta a acusaciones, defensa y Fiscalía si puede aplicar la amnistía y mantiene la orden de detención a Puigdemont

Madrid

La ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya ya está en el BOE y ha entrado en vigor. La norma archiva todas las causas judiciales vinculadas al procés por hechos cometidos entre noviembre de 2011 y noviembre de 2023 y da un plazo de dos meses para su aplicación, pero esta parte corre a cargo de los jueces que no necesariamente van a seguir la voluntad del legislador.

El texto recoge que no será de aplicación en los delitos de terrorismo cuando se hayan producido las graves violaciones del derecho a la vida y de la prohibición de la tortura que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos y tampoco en los delitos de malversación cuando haya habido enriquecimiento personal y esas excepciones tendrán que valorarlas jueces y magistrados.

Los negociadores estiman que la ley puede beneficiar a 400 independentistas y más de 70 policías, pero todas las miradas se dirigen al Tribunal Supremo, que tiene las dos causas abiertas que afectan a los líderes independentistas que impulsaron el referéndum ilegal del 1 de octubre por los delitos de malversación y terrorismo. En la primera de esas causas, el tribunal que juzgó el caso ha dictado una providencia en la que pide informe a las partes y ya anuncia que la inhabilitación que pesa sobre Oriol Junqueras y el resto de condenados sigue en vigor.

Por su parte, el juez instructor, Pablo Llarena, también pide informe a las partes y también mantiene en vigor las órdenes de detención nacionales a los fugados: Carles Puigdemont, Toni Comin y Lluis Puig. En la segunda de ellas que se sigue contra Puigdemont por terrorismo en el marco del caso Tsunami, la magistrada Susana Polo también ha pedido informe a las partes.

Tras la entrada en vigor de la ley del perdón, los pasos del Poder Judicial ahora pasan por activar la ley. Se puede hacer de oficio o a instancia de parte. Bien las defensas o bien la Fiscalía que aún no ha fijado su posición. ERC ya ha pedido que se aplique la amnistía en las 37 causas que hay dirigentes de su partido y Ómnium Cultural la ha pedido para Oleguer Serra, investigado en la Audiencia Nacional por terrorismo. Sin embargo, será cada juez el que decida si la ley encaja o no.

Los tres escenarios del Supremo

En la causa del procés, tres son los escenarios que tienen sobre la mesa los magistrados del Tribunal Supremo. El primero, y el menos probable, es que apliquen íntegramente la ley de amnistía a los líderes independentistas que fueron encausados por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

El segundo, considerar que el delito de malversación no encaja en la ley de amnistía, tal y como han dejado ya por escrito los cuatro fiscales asignados a la causa. En este caso, habría que dictar una nueva resolución judicial motivada con la que el alto tribunal justifique que a pesar de la entrada en vigor de la ley del perdón, ésta no será de aplicación. La consecuencia inmediata será que el alto tribunal renovaría las órdenes de detención que pesan sobre Puigdemont, Comín y Puig que serían detenidos si regresaran a España.

La tercera posibilidad es que haya dudas en la aplicación de la ley y que el Tribunal Supremo decida presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este caso, siempre habría que levantar antes las medidas cautelares que pesan sobre los fugados hasta que se resolvieran las dudas, según fuentes del alto tribunal.

La causa por terrorismo es más compleja porque aún no se han practicado diligencias de investigación, a pesar de que el juez Manuel García Castellón la abrió hace cinco años. Las fuentes consultadas apuntan a que esta situación inicial de la causa dificulta la aplicación de la ley porque hasta que no avance la investigación no se puede saber si los hechos encajan en la norma. Susana Polo ha citado a declarar al expresident fugado la próxima semana.