Los fiscales del 'procés' entregan su informe definitivo contrario a aplicar la ley de amnistía a Puigdemont y Junqueras

Madrid

Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno han enviado al Fiscal General del Estado el informe definitivo contrario a aplicar la ley de amnistía a los líderes independentistas que impulsaron el referéndum ilegal del 1 de octubre. Los fiscales del Tribunal Supremo sostienen que el delito de malversación que pesa sobre los fugados Carles Puigdemont, Lluis Puig y Toni Comin y sobre los condenados Oriol Junqueras, Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull encaja en las excepciones que contempla la ley porque no supuso un enriquecimiento personal y se puso en riesgo el sistema financiero de la Unión. Dice el escrito que "ellos mismos sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del TC y del TSJ de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia; y esos fondos no han sido restituidos".

Esa malversación "supuso un beneficio patrimonial para los autores, pues destinaron los mismos a la elaboración, desarrollo y concreción de su ilegal proyecto que les produjo un indudable beneficio patrimonial, pues decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal conocían perfectamente la magnitud de gastos y la necesidad de obtenerlos recurriendo con clamorosa infracción del deber de custodia a su sustracción del erario público de todos los españoles". Añaden que esa malversación de fondos públicos dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea produce "un riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión". La ley de amnistía "afecta directamente a los intereses de la UE por cuanto la finalidad de todo el procés fue la desintegración de España y la declaración de independencia de Cataluña".

Mensaje para el fiscal general

Esta es la postura de los fiscales que concluyen mandando un mensaje a Álvaro García Ortiz. Le dicen al Fiscal General del Estado que "si considera que debe aplicarse en todo caso la ley, prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos, deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada y convocar a la Junta de Fiscales de Sala" y, en su caso, quitarnos la causa para lo que "será necesario dictar un decreto motivado que acuerde la avocación de la causa".