A la calle con 86 años, sin familiares directos y sin dónde ir: los fondos buitre se ceban con los inquilinos de renta antigua

Madrid

"No me llames de usted" son las primeras palabras que pronuncia Maricarmen, una mujer de 86 años que vive alquilada en el barrio residencial de Ibiza, al lado del Retiro, en Madrid. Una zona tranquila y familiar, que, cuando llegó a vivir Maricarmen con 18 años, "era todo campo", recuerda la vecina. "Aquí en frente había un barrio de casitas bajas llamado el barrio ciego, que, cuando llegamos, no tenía ni agua ni luz", relata Maricarmen conforme va abriendo las ventanas de su casa. Su piso es amplio, con un gran recibidor, un pasillo y cuatro dormitorios que desembocan en una cocina revestida de muebles de madera. Es el hogar de Maricarmen desde hace 68 años, pero el pasado 31 de mayo, según la inmobiliaria Urbagestión —los nuevos dueños del edificio— tendría que haberlo abandonado. La empresa pretende que la mujer actualice su alquiler, de 450 euros desde 1956, a precio de mercado, lo que significa un 275% más.

En España, 200.000 inquilinos mantienen un alquiler de renta antigua: contratos firmados antes de 1985 y que se heredan con las mismas condiciones entre familiares directos. "Al fallecer mi padre en el año 60, mi mamá se subrogó con el mismo contrato. Mi mamá murió en 2005 y a mí se me concedió la subrogación para poder quedarme aquí hasta me muriera", relata Maricarmen. Estos contratos se firmaban con un carácter vitalicio y se mantenía al mismo precio que se firmó toda la vida del inquilino.

En 1985, el decreto Boyer acabó con esta medida de protección, con el objetivo, según Andrea Benítez de Vilches Abogados, de "poner fin a los contratos indefinidos y favorecer a los propietarios de las viviendas". y, a Maricarmen, al haber heredado el contrato en 2005, solo se le concedieron, según la ley, dos años de subrogación. Una información que nunca nadie le comunicó, y por lo que ella siguió pagando religiosamente su alquiler hasta 2018. En ese momento, el edificio lo compró "un fondo buitre", Renta Corporación, que, tras aceptarle a Maricarmen las condiciones de renta antigua, vendió el piso a la empresa inmobiliaria Urbagestión, quien revisó el contrato y exigió a la mujer el alquiler correspondiente a mercado, 2600 euros si no quería abandonar la vivienda.

"Si en el momento en el que se debería haber rescindido el contrato no se rescinde y se le sigue cobrando la misma renta, vemos que hay una aceptación tácita de las condiciones y que por seguridad jurídica no es que estamos hablando de que haya pasado un año o dos, sino que estamos hablando de más de 15 años", explica Víctor Palomo, abogado del sindicato de Inquilinas.

Maricarmen solo podría quedarse con ese mismo alquiler si tuviera una discapacidad superior al 65%, sin embargo, "solo" tiene un 50%: "Tengo una movilidad reducida, tengo problemas cardíacos, tengo la columna desviada por caminar mal y tengo las lumbares. O sea, yo tengo un cuadro médico ahora mismo de cardiólogo, traumatólogo, psiquiatra y dermatólogo", confiesa la octogenaria, que asegura no tener ningún familiar directo, ni adonde irse a vivir.

La vecina no aceptó la nueva oferta e incluso pensó que se estaban riendo de ella. Desde ese momento, el gigante inmobiliario le insiste en abandonar la vivienda. "Lo que están haciendo esos señores es "ta-ta-ta" para que me marche, y yo no me voy. Primero porque, para yo irme, tengo que tener una notificación de un juez. Estos señores son dueños, pero no son jueces ni es la ley para decirme que me marche", asegura la mujer. "A mí pueden venir y decirme: 'le ofrezco a usted...' Pero es que yo no quiero que me ofrezcan nada, yo quiero que me dejen vivir en mi casa", suplica. Por el momento, Maricarmen ha decidido permanecer en la vivienda.

Carmen Durán, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, confirma que este no es un caso aislado. "Hemos visto muchos casos de mujeres mayores con renta antigua que vienen al sindicato sin saber muy bien qué hacer, porque a pesar de que tienen un contrato de manera indefinida, empiezan a recibir presiones por parte de fondos que compran estas casas. Es una forma de ejercer violencia, sobre todo contra mujeres mayores en muchos casos en una situación como de mucha vulnerabilidad".