Pedro Sánchez anuncia para finales de junio la propuesta para renovar el CGPJ si no hay acuerdo: "Será respetuosa y constitucional"

"Todos podemos estar de acuerdo que el día de la marmota ha durado demasiado: 2.000 días. El partido de la oposición tiene que decidir si quiere ser constitucional o no. No hay excusas que valgan", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la renovación del CGPJ, que continúa enquistada. Por eso, ha explicado que de no llegar a un acuerdo, el Gobierno de coalición tiene intención de presentar una propuesta para poder llevarlo a cabo.

"El PP tiene que decidir si quiere ser un partido constitucional o estar fuera", ha insistido.

A finales de junio, si no se llega a un acuerdo el Gobierno de coalición propondrá al Congreso una modificación para desbloquear esta "inaceptable" situación: "Queremos liberar al Consejo General del Poder Judicial del secuestro político en el que lleva sumido como consecuencia del bloqueo del PP. Evidentemente nos estamos inspirando en algunas propuestas que se han puesto encima de la mesa durante estos más de 2.000 días. Entre ellas, por ejemplo, la de actual presidente del Poder Judical. Y ahí nada tiene que ver el Gobierno. Queremos despolitizar el CGPJ, que es lo que está haciendo el PP con su secuestro político. La propuesta será respetuosa con la independencia del Poder Judicial, plenamente constitucional y acorde con la normativa europea".

El presidente del Gobierno ha evitado avanzar más datos sobre el contenido de esta posible reforma con el argumento de que es importante plantear el detalle una vez se conozca el resultado de la negociación con el PP, al que le ha dicho que "no hay excusa que valga" para no renovar.

"Lo más importante ahora es que tenemos un plazo, el mes de junio, para llegar a un acuerdo con el PP, para que decida si es un partido constitucional o no", ha afirmado.

Ha insistido el presidente en que "el día de la marmota se acabó" porque ha durado 2.000 días, 5 años, y porque el bloqueo del Consejo provoca un gasto de 12,5 millones al año, 1.000 asuntos de retraso y un 30 % de plazas sin cubrir en el Tribunal Supremo o 72 plazas en tribunales superiores y audiencias provinciales, junto con la paralización de la carrera de miles de jueces.