La Fiscalía reclama al Supremo que aplique la amnistía por los delitos de terrorismo y malversación

Madrid

La Fiscalía ha presentado los informes definitivos para aplicar la ley de amnistía a los líderes independentistas que impulsaron el referéndum ilegal del 1 de octubre. El Ministerio Público presenta tres informes. Uno dirigido al instructor del procés, Pablo Llarena, que mantiene activas las órdenes de detención contra Carles Puigdemont, Marta Rovira y el resto de fugados. Otro a la sala de lo penal que mantiene vigentes las penas por inhabilitación a Oriol Junqueras y el resto de condenados. Y un tercero de la teniente fiscal del alto tribunal, Ángeles Sánchez Conde, ha presentado el informe sobre la aplicación de la ley de amnistía en la causa abierta contra Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg por un presunto delito de terrorismo en el marco del caso tsunami.

Sánchez Conde apoya la aplicación de la norma porque, dice, que no se ha producido una "grave violación de derechos humanos", ni ha habido "resultado de muerte", ni tampoco se vulnera la directiva europea sobre terrorismo. Estas son las excepciones para no aplicar la ley de amnistía.

Malversación y órdenes de detención

Los informes del Ministerio Público para los encausados por los delitos de malversación, desobediencia y desórdenes públicos van en la línea de lo que acordó este martes la Junta de Fiscales de Sala. La Fiscalía sostiene que el delito de malversación de los líderes independentistas no supuso un enriquecimiento personal en el sentido de beneficio patrimonial, tal y como ha reflejado el Tribunal Supremo en distintas resoluciones a lo largo del proceso. Por lo tanto, no estamos ante una de las excepciones de la norma. Tampoco se han puesto en riego los intereses financieros de la Unión porque no se usaron fondos europeos y la muestra más evidente es que la Fiscalía Europea nunca ha asumido el caso. La otra excepción de la norma.

El Poder Judicial se polariza ante la aplicación de la ley de amnistía

Por eso, añade, "parece razonable concluir, en el marco del contexto y sistemática propia de la norma analizada, que los actos directamente dirigidos a financiar o sufragar las consultas independentistas deben entenderse comprendidos en el ámbito objetivo de aplicación de la ley y, por consiguiente, amnistiados. Qué duda cabe de que, se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas presentes en el legislador, esta constituye la hipótesis interpretativa que en mayor medida contribuye a la consecución de los fines perseguidos con la aprobación de la ley de amnistía y que conecta de un modo más razonable con los fundamentos jurídicos de la misma". Con estos argumentos, pide al Tribunal Supremo que aplique la amnistía a los líderes independentistas y alce las medidas cautelares que aun están vigentes.

Puigdemont pide la amnistía

El expresident fugado, Carles Puigdemont, también ha pedido que le apliquen el perdón. En un escrito señala que, aunque sigue defendiendo que no ha cometido delito, "parece evidente que una lectura reposada y desapasionada de la ley de amnistía permite, manifiestamente, su aplicación a los hechos objeto del presente procedimiento calificados como delito de malversación de caudales públicos".

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Puigdemont insiste, en línea con el fiscal, que no hubo enriquecimiento y subraya que "la aplicación de fondos públicos a promover o procurar la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 en modo alguno se puede considerar tal enriquecimiento, siempre que no hubiera existido, además, un beneficio personal de carácter patrimonial que, lógicamente, como se ha dicho, no es posible identificar, sin caer en una interpretación manifiestamente arbitraria, ilógica, absurda e irracional de la norma"