La Audiencia Nacional propone juzgar al expresidente del BBVA, Francisco González, por los encargos a Villarejo
El juez García-Castellón propone juzgar al expresidente del BBVA y a la propia entidad como persona jurídica, por los contratos ilícitos a Villarejo para espiar y destruir a sus adversarios, por los que el comisario jubilado cobró 10.3 millones de euros entre 2002 y 2016, un año antes de su detención
Fotografía de archivo de "La Vela", edificio emblema de la sede social del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en el barrio de Las Tablas en Madrid / Javier Lopez (EFE)
Madrid
El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, propone juzgar al expresidente del BBVA, Francisco González, así como a varios exaltos directivos de la entidad, así como al comisario Villarejo y algunos de sus colaboradores, por los encargos para espiar y acabar con la imagen de varios de los adversarios del propio González.
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El juez, tal y como relata el fiscal, sostiene que el BBVA, con la “aquiescencia” de su entonces presidente, Francisco González, y el jefe de seguridad, Julio Corrochano, contrató en 2002 a Villarejo, para ejecutar distintos proyectos de espionaje ilícitos contra los considerados enemigos de González. Entre ellos, contra el intento de adquisición de la entidad por parte de Sacyr, para lo que desacreditó a su presidente Luis del Rivero, contra el empresario Fernando Martín, y otros encargos durante 14 años más, por los que el BBVA pagó 10.3 millones de euros al comisario jubilado, que accedió ilegalmente a bases policiales y benefició a varios policías en activo.
Propone juzgar a otras 12 personas
El juez atribuye los delitos de revelación y descubrimiento de secretos al propio banco y a su expresidente González, y también propone juzgar a otras 12 personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales, entre los que se encuentran el jefe de seguridad, Julio Corrochano; al ex CEO del banco, Ángel Cano o al exdirector de Riesgos, Antonio Béjar, así como al propio Villarejo, su socio Rafael Redondo, o el exinspector de policía, Antonio Bonilla. Se les atribuye delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva y pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
El juez abre ahora plazo para que las partes pidan el archivo de la causa o la apertura de juicio oral.
