"Asesinan a los pescadores, los lanzan al río": el precio del petróleo en Magdalena Medio
La activista colombiana Yuly Velásquez relata la violencia impune que sufren los defensores del medio ambiente en este extenso valle tomado por la industria petrolera
El yugo del petróleo que aniquila activistas
La industria petrolera está invadiendo el agua y la tierra de Magdalena Medio, en la región colombiana de Antioquia. Quienes viven allí notan el olor a crudo nada más acercarse al río. Han alertado a las autoridades: "Se está muriendo la fauna, están muriendo los manatíes, las babillas…", advierte Yuly Velásquez. Pero la lucha es contra un gigante poderoso y tiene un gran coste personal. "No sabes en qué momento te van a asesinar".
La activista colombiana ha sufrido tres intentos de atentado, además de continuas amenazas y hostigamiento. Desde entonces se ve obligada a vivir con un chaleco antibalas. "La impunidad es fuerte", lamenta. "Asesinan a los pescadores, los lanzan al río". El extenso valle de Magdalena Medio, que limita con el río de su mismo nombre, es escenario continuo de asesinatos a los pescadores por ir en contra de la petrolera que contamina la zona. Se calcula que hay 6.000 desapariciones forzosas en esa región de Colombia, fruto de una violencia que no se ha disipado con la llegada al poder de Gustavo Petro en 2022. En todo el país, se cree que al menos 662 activistas han sido asesinados desde 2020, aunque no hay un registro real del Gobierno.
Velásquez viene de una familia de pescadores artesanales que ha sufrido durante años la violencia. Su padre fue víctima del conflicto armado, y desde pequeña ha aprendido a resistir y defender el agua, su medio de vida. El río y la pesca son su sustento y no les queda alternativa, dice. "Podemos seguir haciendo resistencia y que se haga justicia por nuestros muertos, por la naturaleza, o salir corriendo, desplazarnos del territorio".
Su lucha, como presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (FEDEPESAN), le ha valido el premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, un reconocimiento que recibe como "memoria a los pescadores que han asesinado". A raíz de ese reconocimiento le han contactado otras familias de víctimas. "Asesinaron a sus familiares, les cortaron la cabeza, los lanzaron al río", recuerda. Unos hechos que siguen impunes y dejan en las familias un sentimiento compartido de impotencia. "Nos toca quedar en silencio, callados", lamenta Velásquez. "A mí me tocó esperar más de dos décadas para poder hablar de ese sufrimiento, de nuestros muertos, de todo lo que vive un pescador artesanal".
Un negocio criminal impune
El petróleo, su principal amenaza, es también una de las principales fuentes productivas de la región. La empresa Ecopetrol, la refinería más grande de Barrancabermeja, maneja el negocio en la zona y lo hace con malas prácticas que dañan el medio ambiente, según denuncian los defensores. Ahora conviven con las consecuencias de años de contaminación de los ríos con residuos tóxicos: las familias no tienen con qué alimentarse y miles de animales mueren. Solo este año han muerto tres manatíes antillanos, un animal en vías de extinción. "El agua sucia es sinónimo de muerte", alerta Velásquez.
Los activistas han denunciado la corrupción probada de la gran industria, pero, lejos de recibir el apoyo institucional, aumentó la persecución contra ellos. Amenazada, Velásquez vive protegida por dos hombres de seguridad, chaleco antibalas y vehículo blindado, pero ha visto como otros compañeros, como el secretario de la Federación, casi pierden la vida en atentados. Reciben apoyo de organizaciones de defensa de los derechos humanos como la Corporación CREDHOS, de la que forma parte Iván Madero. Él puede dar buena cuenta de las violaciones a los derechos humanos y la violencia sociopolítica que siguen presentes pese a los procesos de paz que se han llevado a cabo en el país.
Los atentados contra los defensores, que también han sufrido miembros de su organización, no se han investigado. Por eso, insiste Madero, "los colombianos tenemos desconfianza institucional, y aún más con la Fiscalía General de la Nación". Además, asegura, "se ha detectado que funcionarios públicos de la Fiscalía también tienen una presunta relación con actores armados del narcotráfico y la delincuencia organizada". Por eso para Madero, uno de los principales problemas de Colombia es el acceso a la justicia. Sin embargo, la visibilidad a la que contribuye Yuli Velásquez da esperanzas a los guardianes del medio ambiente de que las autoridades tomen medidas para que puedan permanecer en paz en su territorio.