Cerco al Airbnb

Madrid

“La última regulación del Parlament de Cataluña nos permite, y nos vamos a coger a ello, el hecho de no renovar licencias de apartamentos turísticos a partir de noviembre del 2028. Por lo tanto, en la ciudad de Barcelona a partir del 2029 no existirán los pisos turísticos tal y como los hemos conocido hoy. Eso nos va a permitir poner 10.000 viviendas en el mercado del alquiler, a la venta o sencillamente que tengan el uso residencial que seguramente nunca tendrían que haber perdido”. Este era el anuncio del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y que ratifica el primero de los grandes pasos para acabar con el problema de la vivienda turística. Un problema al que no se le ha prestado la atención necesaria y que ha terminado afectando a la convivencia de los vecinos y a los precios del mercado de la vivienda, tanto para el alquiler como para la compraventa.

Falta de criterio común

La falta de consenso entre los municipios del país ha llevado a criterios tan dispares que el gobierno asegura que va a tomar cartas en el asunto. Tanto el Ministerio de Vivienda como el de Industria y Turismo trabajan en una plataforma acorde a la normativa europea que permita hacer un seguimiento de los pisos turísticos y que estará lista, según sus previsiones, antes de que acabe el 2025. A esto se suma otra de las intenciones particulares de la ministra Isabel Rodríguez, que es modificar la Ley de Propiedad Horizontal para dar más poder a las comunidades de vecinos frente a los pisos turísticos. Es algo que ya se está negociando con la FEMP, y que plantea la posibilidad de elevar el porcentaje de vecinos que tiene que autorizar el uso de una vivienda para el alquiler turístico, que ahora mismo está en 3/5 partes. "Puede ser una solución, de hecho, yo conozco ya a algunos inmuebles en Madrid que la han aplicado. El problema es el incentivo que tienen muchos vecinos, algunos que estarán en contra de estos pisos turísticos, pero hay una parte, cada vez más, de familias o propietarios que quieren utilizar este método para un tener 'sobresueldo' que, en muchos casos, es dinero negro. Yo creo que estamos ante una tesitura compleja porque, por un lado, denostamos que vengan a nuestro edificio, pero al mismo tiempo cuando nosotros vamos de vacaciones lo primero que hacemos es buscar un Airbnb", asegura Alejandro Inurrieta, economista y expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler.

Madrid es la ciudad con más viviendas de uso turístico, unas 16.100, según el último dato del INE. Aquí el ayuntamiento ha suspendido la concesión de nuevas licencias para este tipo de viviendas hasta que terminen de desarrollar su Plan General para abordar este problema. Málaga y Marbella, por ejemplo, tienen unas 7.000 cada una, pero los criterios distintos son: la primera sí aplicará un límite, la segunda, de momento, no lo va a hacer pese a que tienen el mismo problema. La ciudad de Valencia, con casi 6.800 viviendas, va a prohibir de forma permanente las nuevas licencias en el distrito centro. El problema es que muchas de estas medidas son de difícil aplicación, lo vimos por ejemplo la semana pasada en Sevilla, donde la mayoría del pleno tumbó una medida de los populares para limitar estas viviendas al considerarla insuficiente.

Otras ciudades que ya han tomado medidas

España tiene un gran problema, ya que la Ley de Vivienda tiene un agujero: no regula el alquiler vacacional, pero puede tomar de ejemplo otras grandes ciudades que han tomado cartas en el asunto. Lo vimos hace unos meses en Nueva York, con una ley que obliga al propietario a convivir con el subarrendado y que prohíbe, de facto, este tipo de apartamentos. Antes estuvo Berlín, que empezó a obligar a tener que sacarse permisos para poder alquilar estas viviendas con un máximo de 90 días al año en el caso de las segundas residencias.

En Portugal, con más de 108.000 viviendas turísticas, ha decidido acotarlas con impuestos o directamente prohibiéndolas. Si miramos a Italia, Florencia y Roma preparan restricciones a los alquileres tipo Airbnb en su centro histórico, mientras que Venecia y Milán están debatiendo todavía si poner o no esas restricciones. En el caso de Francia, especialmente en París, se necesita registro en el ayuntamiento y se establece un límite de 120 días al año. Es una medida que no está solucionando el problema, ya que las reservas de Airbnb se han multiplicado por cinco con la llegada de los JJOO, es un 23% más que en 2023.

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