Gobierno y agentes sociales firman un acuerdo para evitar la discriminación LGTBI+
Todas las empresas con más de 50 trabajadores tendrán que tener claúsulas de igualdad de trato y no discriminación
Dos hombres ondean la bandera LGTBI+ y la de España en el Orgullo de Madrid. / SOPA Images
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha firmado este miércoles con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme un acuerdo para aprobar un real decreto con medidas para luchar contra la discriminación de las personas Lgtbi en el ámbito laboral y advirtió de que “sin derechos no somos nada” y de que, pese a los avances, “el mundo del trabajo está plagado de discriminaciones”.
La rúbrica de este acuerdo, al que las partes llegaron a comienzos de este mes, supone una pequeña ‘tregua’ mientras aumenta la tensión por la negociación de la rebaja del tiempo de trabajo. Sindicatos y Trabajo se aproximan a un acuerdo, mientras CEOE y Cepyme están cada vez más lejos y denuncian que Díaz no practica “diálogo social” sino “monólogo social”.
De hecho, ni CEOE ni Cepyme enviaron al acto de firma a sus presidentes, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, como suele ser habitual en este tipo de actos. En concreto, la firma del acuerdo corrió a cargo de Yolanda Díaz; los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo; el responsable de Formación y Prevención de Riesgos Laborales de Cepyme, Miguel Canales, y la presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE, María del Val Díez. Así, pese a que la patronal estará en la rúbrica, ni CEOE ni Cepyme enviarán a sus respectivos presidentes, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva.
"Somos un país abierto y pionero"
Díaz agradeció el esfuerzo de todos los que han hecho posible que haya salido adelante este acuerdo y puso en valor que "nunca se había visto" una mesa de diálogo social sobre derechos de las personas Lgtbi. Asimismo, recordó que este es el acuerdo número 20 entre sindicatos, patronal y Gobierno. "Demostramos como país que el diálogo social sigue a pleno rendimiento y es la herramienta para ganar derechos", apuntó. Además, Díaz rindió un homenaje a quienes históricamente han "sufrido persecución " por "ser quienes son y como son" y recordó que un reciente estudio alertó de que dos de cada tres profesores Lgtbi ha vivido situaciones de discriminación.
Del mismo modo, denunció que el 40% de las personas trans ha sido rechazada por esa característica en una entrevista de trabajo. La vicepresidenta segunda hiló esta cuestión con su tesis de que "la democracia tiene que llegar " a las empresas pero añadió que para ello debe "haber libertad y derechos garantizados". "Somos un país abierto y pionero", agregó Díaz, quien subrayó que España ha sido el primer país en ratificar el Convenio contra la Discriminación en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También reveló que su Ministerio ha suscrito recientemente un acuerdo con la OIT para impulsar la igualdad de las personas Lgtbi no solo en España, sino en todo el mundo. El acto contó con la presencia de buena parte de los ministros del espacio de Sumar en el Gobierno de coalición pues Díaz estuvo acompañada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la titular de Infancia y Juventud, Sira Rego.
Polémicos carteles de Madrid
Más allá de los representantes gubernamentales, el líder de CCOO aprovechó su intervención para felicitarse por este pacto y avisó de que con estos avances ya “no hay marcha atrás”. Asimismo, lanzó un dardo al Ayuntamiento de Madrid por los carteles del Orgullo de este año en los que se ven tacones, copas y condones. Para Sordo, los progresos en derechos no se han conseguido así, sino con reivindicaciones”.
De su lado, el secretario general de UGT lanzó que su sindicato ha firmado este acuerdo “medio satisfechos” y manifestó que “incluso ha habido debate dentro del sindicato” porque el área Lgtbi de UGT “va por delante” de este acuerdo. Con todo, lo han rubricado porque supone un avance y porque sirve para “situar” los temas Lgtbi en el “centro” de las empresas.
También explicó que es una buena noticia que las patronales estén en esta firma, porque ello hará que se pueda decir a las empresas que deben respetar los derechos de este colectivo porque “sus representantes se han comprometido” con esta cuestión. Eso sí, sentenció que todavía para muchas personas, “sus taquillas en los centros de trabajo son los armarios”. Mientras, María del Val Díez, en representación de la patronal, reconoció que “las empresas no siempre lo hemos sabido hacer bien”, aunque mostró su compromiso con la igualdad de derechos de este colectivo. Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+), Uge Sangil, destacó la “discreción” con la que se ha desarrollado la negociación y resaltó que se trata de “una cuestión de derechos”. Además, proclamó que “España es un país de orgullo”, aludiendo así al hecho de que la rúbrica de este pacto tenga lugar a las puertas del día del Orgullo Lgtbi, que se conmemorará el 28 de junio.
Medidas en favor del colectivo: protocolo contra situaciones de acoso
El real decreto pactado entre el Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronal para reforzar la protección de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (Lgtbi) incluye medidas como que las empresas de más de 50 trabajadores tengan que contar forzosamente con un protocolo contra situaciones de acoso a este colectivo y que el mismo será de aplicación no solo a la plantilla, sino también a quienes solicitan un puesto de trabajo, al personal de puesta a disposición, proveedores, clientes y visitas, entre otros.
El texto fija que la negociación y aprobación de las medidas en favor del colectivo Lgtbi será “voluntaria” en las compañías con menos de 50 empleados. Eso sí, en las empresas obligadas a aprobar estos protocolos, las medidas serán de aplicación no solo a la plantilla directa de la empresa, sino a aquellos empleados cedidos por empresas de trabajo temporal (ETT).
En relación con los plazos, la norma fija un plazo de tres meses para que las empresas comiencen a negociar las medidas a contar desde el momento en el que entre en vigor el real decreto. El período se amplía a seis meses cuando se trate de compañías sin representación legal establecida por parte de los trabajadores. Si se dan situaciones de falta de acuerdo, a los tres meses de abrir la negociación, se aplicarán las medidas de mínimos recogidas en este texto legal. El texto establece como obligatorio la existencia de un protocolo contra situaciones de acoso y violencia por Lgtbifobia en el ámbito laboral.
Dicha obligación podrá entenderse cumplida cuando la empresa cuente con un protocolo general frente al acoso y violencia que prevea medidas para las personas LGTBI o lo amplíe específicamente para las mismas. El documento añade que “las medidas planificadas acordadas en los distintos ámbitos de negociación deberán revisarse cuando lo prevea la evaluación anterior, y en todo caso, cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales y reglamentarios o su insuficiencia como resultado de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.
Sobre estas medidas, el documento apunta que los convenios colectivos o acuerdos de empresa recogerán en su articulado cláusulas de igualdad de trato y no discriminación que contribuyan a “crear un contexto favorable a la diversidad y a avanzar en la erradicación de la discriminación de las personas Lgtbi, con referencia expresa no sólo a la orientación sexual e identidad de género, sino también a la expresión de género o características sexuales”. Las empresas deberán también establecer criterios “claros y concretos” para “garantizar un adecuado proceso de selección y contratación que priorice la formación o idoneidad para el puesto de trabajo, independientemente de su orientación y/o identidad sexual o su expresión de género, con especial atención a las personas trans como colectivo especialmente vulnerable”.
Rejas Rosas para los reclusos del colectivo LGTBI
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En el caso de ascensos, se debe asegurar también que no se producen situaciones de discriminación contra personas Lgtbi. La norma también subraya que “queda expresamente prohibido y será declarado nulo cualquier acto constitutivo de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia contra las personas que presenten una comunicación de denuncia por los medios habilitados para ello, comparezcan como testigos o ayuden o participen en una investigación sobre acoso”.
