La decisión del Supremo sobre la amnistía altera los planes del Gobierno para la aplicación de la ley

Esperaban una tramitación exprés, de apenas unas semanas, pero el de la Ley de Amnistía en las Cortes se convirtió en un camino empedrado, lleno de escollos, para el Gobierno y los socios de coalición, que tardaron más de seis meses en ver el texto publicado en el BOE. Con la norma aprobada, su aplicación por parte de los tribunales no parece que vaya a suponer un desafío menor. El Tribunal Supremo ha decidido este lunes no amnistiar el delito de malversación a los líderes del procés. Tampoco se levantarán las órdenes de detención a los dirigentes independentistas fugados, ni la inhabilitación a Oriol Junqueras. En el Gobierno contaban con que habría resistencias por parte del Supremo a la aplicación de la ley. PSOE, Sumar, Esquerra Republicana y Junts daban por hecho que la Sala presentaría cuestiones prejudiciales ante la Unión Europea o de inconstitucionalidad en el TC, pero no que haría su propia interpretación para aplicar solo una parte de la amnistía, sin levantar las medidas cautelares o negando incluso el archivo de la inhabilitación del líder de ERC. Durante semanas, los ministros del ala socialista han insistido en que no contemplaban otro escenario que no fuese el de que se desplegara el texto, ciñéndose a la literalidad: «la Ley es la Ley», repetían en privado. El PSOE no oculta esta vez sus discrepancias con el tribunal sentenciador. Ferraz insiste en que respeta la decisión, pero defiende en que la interpretación no se ajusta a la voluntad del legislador. Los socialistas aseguran que el artículo relativo a la malversación es «clarísimo»: «No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos» destinados a la consecución del procés«, cuando »no se tenga el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial. Creen además que en el caso de los dirigentes independentistas, no se afectó a los intereses económicos de la Unión Europea. Los socialistas estuvieron durante meses ajustando y retocando con Junts y Esquerra el redactado final del artículo referente a la malversación, con la intención estrechar el margen de interpretación de los tribunales. Los de Puigdemont exigieron esos ajustes para apoyar cada paso de la tramitación y la aprobación definitiva de la norma. Las conversaciones encallaron sobre todo en lo relativo a los delitos de terrorismo y alta traición, pero la malversación de caudales públicos también formó parte de la negociación de las últimas enmiendas que se incorporaron al dictamen final. PSOE Y Sumar intentan desvincular el plano político del judicial. Las fuentes consultadas insisten en que el Ejecutivo no puede responder ni responsabilizarse de las decisiones que adopten los tribunales. Recuerdan que el Gobierno y el PSOE ya han cumplido su parte del pacto de investidura, que era la aprobación de la Ley. Los socialistas y el partido de Yolanda Díaz esperan que la resolución del Supremo no interfiera ni en la negociación con Esquerra en Cataluña, ni en la relación con Junts para mantener la estabilidad parlamentaria a nivel nacional.