El Gobierno se ha mostrado muy crítico con las palabras esta mañana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con las que cuestionaba directamente la imparcialidad del Tribunal Constitucional. En una entrevista en Onda Cero ha admitido que tiene «dificultades para aceptar la imparcialidad» del Constitucional porque está «trufado con dos cargos del Gobierno» como Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, exdirectora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica. «Le exigo y pido que rectifique sus declaraciones sobre el Tribunal Constitucional. Son de extrema gravedad y muy preocupante dentro de un estado de derecho», ha dicho la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Es de máxima gravedad que ponga en cuestión la legitimidad de las instituciones en nuestro país», ha insistido. Alegría ha añadido que «desgraciadamente no nos sorprende» y ha recordado las palabras del dirigente del PP, Esteban González Pons «cuando dijo que el Constitucional era el cáncer del estado de derecho». «Es muy claro el objeto y objetivo de la ley de amnistía. El texto y la voluntad del legislador es claro. Ahora le corresponde a los jueces aplicar la ley. He manifestado el respeto también ante cualquier fallo», ha expresado en la primera valoración del Gobierno a la decisión del Supremo de no aplicar ley de amnistía a los condenados del «procés» por malversación. El Gobierno traslada el respeto por la resolución, aunque recordado que la voluntad del legislador es clara. «El texto de la ley de amnistía es muy claro y la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley. Somos perfectamente conscientes de la eficacia y de los efectos positivos que va a tener la ley de amnistía», ha insistido Pilar Alegría. «En este caso volvemos a ver cómo pasan cosas extrañas en nuestro país y hemos visto a lo largo de estos meses cómo el CGPJ emitía informes para los que no tenía competencia o incluso llegaba a posicionarse. Un informe incumpliendo la ley por la que se rigen y sobre una ley que no existía», ha dicho la vicepresidenta Yolanda Díaz.