Un error del juez Peinado obliga a suspender la declaración de Begoña Gómez

Madrid

El juez, Juan Carlos Peinado, ha suspendido a instancia de la defensa de Begoña Gómez su declaración como imputada que ha aplazado al próximo 19 de julio. Peinado no había notificado a la investigada una de las querellas de las acusaciones populares de ultraderecha que versa sobre sus trabajos en la Universidad Complutense. Antonio Camacho, abogado de Gómez, ha pedido también la suspensión de la declaración como testigo del rector del centro, Joaquín Goyache, a la vista de que no conocía el contenido de la querella, pero el juez se ha negado.

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Begoña Gómez llegaba puntual a su cita y entraba por el parking. La mujer del presidente del Gobierno evitaba el paseíllo y la imagen de su entrada en coche. Un vez dentro, el juez le ha comunicado que rechazaba la petición de no grabar su declaración y le preguntaba si sabía porqué estaba investigada. Ella respondía que no y cuando Juan Carlos Peinado le explicaba los indicios, su letrado paraba el interrogatorio. Antonio Camacho comunicaba que no se les había notificado la querella de Hazteoir por los trabajos de la investigada en la Universidad Complutense y pedía que se suspendiera el interrogatorio. El secretario judicial confirmaba al juez este extremo y se ponía punto y final a la cita aplazada hasta el día 19.

La ultraderecha ha reventado el trabajo del personal del juzgado y de los periodistas que se han dado cita en la madrileña Plaza de Castilla. Decenas de agentes de policía que han acudido en hasta una veintena de furgones policiales han garantizado la seguridad en el exterior de los juzgados permitiendo el trabajo de los periodistas y la concentración de un puñado de manifestantes que coreaban cánticos contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, las medidas de seguridad que ha establecido la jueza decana y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, para el interior del recinto han sido insuficientes. A los cuatro medios de comunicación que estaban autorizados a permanecer en la planta donde se encuentra el juzgado se han sumado agitadores de ultraderecha como Vito Quiles o Josué Cárdenas que se han negado a marcharse alegando que acudían como colaboradores de alguna de las acusaciones populares. Ellos y la comitiva de la asociación ultracatólica de Hazteoir han grabado imágenes de la investigada, incumpliendo el protocolo de la propia decana de Madrid. Los periodistas acreditados les han pedido que no lo hicieran para no perjudicar su trabajo, pero lejos de apagar la cámara, han preferido encararse e increpar a estos compañeros al grito de "comunista, ¿qué eres de la stasi?", llegando incluso a denunciarlos ante la seguridad de los juzgados por "acoso".

La Fiscalía recurrió la apertura de la investigación y la Audiencia de Madrid estimó parcialmente el recurso. Censuró que el juez hubiera declarado la causa secreta y le advirtió de que "no podemos iniciar una investigación de carácter prospectivo, han de presentarse unos indicios objetivos sobre la presunta comisión de un ilícito penal. En el caso que nos ocupa, pese al contenido algo deslavazado de la denuncia existe un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos [la trayectoria profesional de Gómez], otro, el referido al rescate de Globalia, en el que la vinculación de la denunciada es, con los datos que se cuenta, una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales". Los magistrados solo salvaron las adjudicaciones públicas concedidas al empresario Juan Carlos Barrabés porque, dicen, en este apartado existen datos "objetivos" que se pueden analizar. Y esta parte de la denuncia, la única que la sala de apelaciones madrileña declaró investigable, pasó a manos de la Fiscalía Europea al haberse empleado fondos europeos.

El informe de la Guardia Civil

La decisión de la Audiencia de Madrid se tomó sin haber tenido en cuenta el informe de la Guardia Civil que encargó el propio juez y que descartaba que hubiera indicios de delito contra Begoña Gómez. Los agentes le dijeron a Juan Carlos Peinado que, al contrario de lo que se afirma en esa denuncia y han publicado algunos medios de comunicación, Begoña Gómez no ha recibido ninguna subvención pública. Pero es que además, la UCO sostenía que no se habían podido comprobar otros muchos hechos que se atribuyen a Gómez de los que también se han hecho eco distintos medios. Por ejemplo, no pudo confirmar que la mujer del Presidente del Gobierno tuviera una participación mínima en la sociedad Inmark en la que trabajó hasta que Pedro Sánchez empezó a ocupar puestos de responsabilidad en el PSOE y que presuntamente recibió contratos públicos en su etapa ya de presidente: "este extremo que diferentes medios de comunicación han atribuido a Begoña Gómez no ha podido ser corroborado de manera fehaciente hasta el momento", escriben los agentes. La Guardia Civil también escudriñó los contratos públicos del empresario Juan Carlos Barrabés. La tesis del pseudisindicato ultra es que Begoña Gómez medió para favorecer a Barrabés porque es la persona que "monta el máster" que dirige la mujer del Presidente del Gobierno en la Universidad Complutense. La UCO discrepa de esa afirmación y sostiene que Barrabés no montó nada, sino que forma parte del "claustro de expertos" del máster.

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El documento dice de Barrabés que tiene "una dilatada trayectoria profesional vinculada al mundo empresarial con 99 adjudicaciones por valor de 24 millones de euros entre 2015 y 2024" y que no hay ningún tipo de relación entre Begoña Gómez y los cargos de red.es que participaron en los expedientes. Sobre las cartas de recomendación que Gómez suscribió a favor de Barrabés, los investigadores recuerdan que se firmaron una treintena. Entre ellas, las de otras entidades que le han adjudicado contratos a Barrabés como el Ayuntamiento de Madrid.

Los bulos del rescate a Globalia

El capítulo de bulos en la otra pata de la investigación abierta por la actividad profesional de Begoña Gómez también es amplia. La denuncia sostiene que el Gobierno rescató con 475 millones de euros a Air Europa, gracias a la relación previa que había entre el CEO de la compañía y Gómez, después de que los presentara el empresario Juan Carlos Barrabés a través del conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama. Los agentes señalan que "no se ha podido comprobar esa afirmación difundida en medios de comunicación" y respecto de la relación previa entre ambos solo reconocen que coincidieron en dos encuentros públicos que, además, fueron previos al estallido de la pandemia que desencadenó el rescate de la compañía aérea.

El último bulo es el acuerdo de patrocinio de 40.000 euros anuales entre el Instituto de Empresa que contaba con Begoña Gómez y el Grupo Globalia. Los agentes escriben que "del supuesto contrato, del que no se dispone en este momento de la investigación" solo se han empleado 1.700 euros en un viaje a Londres para asistir a un evento vinculado con la actividad de ambas instituciones.

Nuevas denuncias para mantener la causa

Sin embargo, la asociación ultracatólica de Hazteoir salió al rescate de sus colegas de Manos Limpias y presentó denuncia contra la actividad profesional de Begoña Gómez en la Universidad Complutense que se admitió a trámite. A la instrucción se sumaron otros colectivos de ultraderecha como Vox, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España. Se investigan las gestiones en torno a un software para que las empresas puedan mejorar en materia de sostenibilidad, medio ambiente y eficiencia energética. Un proyecto para el que Gómez registró el dominio de la página web y en el que participaron multinacionales que operan en España como Google o Indra. El entorno de Begoña Gómez sostiene que ella solo ha registrado el dominio de la página web que iba a albergar el software y que lo hizo siguiendo el procedimiento y las instrucciones que marca la Universidad Complutense. El mismo procedimiento que se ha seguido en otras cátedras. Añaden que el software no se ha terminado de desarrollar nunca y, por lo tanto, en contra de lo que han publicado algunos medios de comunicación, no existe el software, no se ha podido comercializar y mucho menos inscribir en la oficina de patentes y marcas. El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache está citado a declarar este viernes como testigo, después de que haya acabado el interrogatorio de Begoña Gómez como investigada.

Investigación "prospectiva"

El exministro, Antonio Camacho, que defiende a Begoña Gómez ha recurrido junto a la Fiscalía apelando a la indefensión de su clienta porque consideran que no puede haber causa después de que la Fiscalía Europea haya asumido los dos contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés. Camacho ha denunciado que se trata de una investigación prospectiva. La respuesta del juez fue que en el interrogatorio de este viernes se podrá preguntar a Gómez sobre todos los hechos desde que Pedro Sánchez es Presidente del Gobierno que figuran en las denuncias de la ultraderecha con excepción de las adjudicaciones a Barrabés.

Juan Carlos Peinado aun no ha resuelto la última petición de la defensa de Gómez que quiere que no se grabe en vídeo su declaración. Lo que sí ha acordado el juez es que las cinco acusaciones populares de ultraderecha que dirigen la acción penal puedan estar presentes en el interrogatorio, a pesar de que se acordó que tuvieran un único abogado que sería el de Vox. Además, les ha devuelto 7.000 de los 10.000 euros que les exigió para que pudieran personarse en la causa.