Claudica el juez que investigaba a los independentistas por terrorismo en la Audiencia Nacional
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón archiva la investigación a Tsunami Democràtic, en la que acusó de terrorismo a 12 personas, después de que la Sala de lo Penal invalidara las diligencias practicadas desde 2021 debido a un error del magistrado al prorrogar los plazos de la instrucción. El archivo no solo exonera a Marta Rovira y el resto de investigados en la Audiencia Nacional, sino también a Puigdemont en el Supremo
Imagen de archivo de Carles Puigdemont. / Europa Press
Madrid
El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, había impulsado el 6 de noviembre pasado la causa contra la plataforma independentista Tsunami Democràtic, coincidiendo con el necesario respaldo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez para aquellos días y la negociación de la amnistía. García-Castellón atribuyó a los sospechosos, incluido al líder de Junts, Carles Puigdemont, un delito de terrorismo que ni la Fiscalía ni las unidades policiales del procedimiento habían advertido hasta la fecha.
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El juez, sin practicar diligencia alguna elevó 10 días después la causa al Supremo, que acabó admitiéndola contra el expresident catalán y el diputado Rubén Wagensberg por ese mismo delito, dificultando la redacción de la ley de amnistía. Ahora, un error de García-Castellón, que tampoco contaba con prueba alguna para atribuir tal acusación según el Ministerio Público, ha dejado la causa en nada. Del terrorismo en Tsunami no queda siquiera una leve marejadilla. Ni la más ligera brisa.
El error de García-Castellón advertido por el abogado de Puigdemont
Fue el abogado de Puigdemont y de Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye, quien había advertido que el juez García-Castellón había incumplido lo establecido por la Ley Orgánica 3/2015 aprobada por el Partido Popular respecto a los plazos de concesión de prórrogas para el secreto de las actuaciones. García-Castellón se había saltado en un día el plazo el 29 de julio de 2021, por lo que toda la instrucción desde aquella fecha debería ser considerada nula.
Primero el juez desechó su petición, pero la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que preside Alfonso Guevara, daba la razón a su argumento en un auto emitido a primera hora de la tarde de este lunes. La decisión implicaba que toda la prueba practicada desde aquella fecha quedaba invalidada, incluidos los informes de la Guardia Civil considerados clave por el magistrado de marzo y noviembre de 2023 y el análisis de los dispositivos informáticos y de comunicación de los sospechosos de septiembre de 2021, transferidos por el juez del caso Voloh, Joaquín Aguirre.
La sorpresiva acusación por terrorismo coincidiendo con la amnistía
García-Castellón interrumpía sus vacaciones a última hora de la tarde de este lunes para certificar en un escueto auto de 3 páginas que no le quedaba otra vía que el archivo por falta de pruebas anteriores a julio de 2021 para incriminar a los sospechosos. Pero pocas había antes y también después por lo que respecta al delito de terrorismo, porque solo 6 meses antes de elevar la exposición razonada al Supremo por ese delito, el juez solo pensaba en imputar a los responsables, entre los que no incluía a Puigdemont, un delito de desórdenes públicos como máximo, tal y como acordaron el propio juez, el fiscal del caso y dos números de la Guardia Civil en una reunión mantenida en el despacho del magistrado.
La irrupción del terrorismo en la causa fue sorpresiva y se produjo en noviembre de 2023, sin informe alguno que apoyara tal decisión, coincidiendo con las negociaciones por la investidura y la aprobación de la ley de amnistía.
El Supremo también archivará Tsunami a Puigdemont
El archivo de la causa en la Audiencia Nacional arrastrará de forma inevitable al procedimiento que se sigue en el Supremo por terrorismo contra Puigdemont y Wagensberg. Se espera que en las próximas horas, la magistrada instructora Susana Polo sobresea el procedimiento.
La investigación de este procedimiento por terrorismo, que contó con la oposición del fiscal Miguel Ángel Carballo, ha conllevado el empleo de unidades de la Guardia Civil prácticamente en exclusiva durante meses, viajes, costosas comisiones rogatorias e informes, así como el trabajo de numerosos funcionarios y la redacción de expedientes de multitud de instituciones requeridas o el pago de incontables horas de abogados y procuradores. En definitiva, la instrucción de este Tsunami ha costado decenas de miles de euros al erario público para acabar muriendo plácidamente en la orilla.
