Un error del juez García-Castellón invalida la acusación por terrorismo en Tsunami

Madrid

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado un recurso elaborado por el abogado Gonzalo Boye, al que se adhirió la defensa de la investigada Marta Molina, y ha invalidado todas las diligencias practicadas desde el 29 de julio de 2021 porque al juez instructor, Manuel García-Castellón, se le pasó el plazo para renovar la prórroga del secreto de las actuaciones, que no suscribió hasta un día más tarde.

Por ello, todas las diligencias practicadas desde aquella fecha y hasta la actualidad, quedan invalidadas. Incluida la documentación reclamada a distintas instituciones, informes de la Guardia Civil, así como el auto del pasado 6 de noviembre en el que por primera vez el juez acusó de terrorismo en Tsunami e incluso, según fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional, la propia exposición razonada elevada al Tribunal Supremo en la que solicitaba la imputación por terrorismo para los aforados Puigdemont y Wagensberg.

El juez García-Castellón, según le expone la Sala en su auto contra el que no cabe recurso, debe retrotraer las actuaciones al 29 de julio de 2021 y con las pruebas obtenidas hasta esa fecha, formular escrito de imputación u ordenar el archivo de la causa.

Fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional recalcan que en esa fecha, Carles Puigdemont no figuraba como investigado en la causa ya que el juez estableció por primera vez sospechas contra el expresident el 6 de noviembre de 2023. La Audiencia Nacional invalida los informes de la Guardia Civil de 2022 y de 2023 que fueron claves para el magistrado a la hora de atribuir terrorismo en Tsunami en aquel auto de principios de noviembre, y que también le sirvieron para elevar la exposición razonada al Tribunal Supremo el 16 de noviembre de 2023.