La Guardia Civil no halla indicios de delito en las otras adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés, compañero de cátedra de Begoña Gómez

Madrid

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Madrid que delimite la investigación abierta por las actividades profesionales de Begoña Gómez, después de que la sala de apelaciones madrileña tumbara dos de los tres bloques de la denuncia inicial del pseudosindicato ultra Manos Limpias y el tercero —los contratos adjudicados al compañero de cátedra Juan Carlos Barrabés— haya pasado a manos de la Fiscalía Europea al estar relacionados con fondos europeos. Sobre las adjudicaciones a Barrabés, el fiscal revela en su escrito que la UCO ha presentado un nuevo informe el pasado 2 de julio sobre el resto de contratos que recibió este empresario y que el juez también puso bajo la lupa.

El juez Peinado pone ahora el foco en la cátedra de Begoña Gómez y cita al vicerrector de la Complutense

La Guardia Civil concluye que: “en líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación adjudicación, formalización y ejecución de los contratos-algunos de ellos vigentes actualmente-, se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”. Por eso el Ministerio Público afirma que "de nuevo, no aprecian irregularidades. No ya indicios delictivos, ni siquiera irregularidades o anormalidades detectadas de índole administrativo. Por otro lado, no hay ni rastro de la investigada Begoña Gómez, cartas, recomendaciones, presiones o interés, estando pivotando la investigación en torno a Juan Carlos Barrabés y los contratos adjudicados por diversas administraciones, presumiendo unas irregularidades en un periodo muy dilatado de tiempo, en el que se trasmite la sensación de que él es, en cierta forma, el investigado aunque no se sepa bien de qué, estando sometido a un escrutinio general y en profundidad sobre diversos contratos".

Con este nuevo elemento sobre la mesa, el fiscal pide a la Audiencia de Madrid que ordene a Juan Carlos Peinado acotar la investigación y que aclare de nuevo qué hechos son investigables y cuáles no lo son porque apunta a que estamos ante "una causa general, o cuando menos excesivamente amplia". Y ello porque "bajo la cobertura de unos hechos iniciales avalados y una calificación de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se está pretendiendo ampliar la instrucción a escenarios y tiempos amplísimos, cuya relación con la finalidad que se perseguía no acabamos de comprender".