Las comunidades del PP se desentienden ahora del texto de la reforma de la ley para el reparto de menores

La conferencia sectorial que está concluyendo en Santa Cruz de Tenerife, en la que se han dado cita ocho regiones, entre ellas la anfitriona Canarias, vuelve a terminar sin el apoyo de las regiones del PP, que son que es el partido que más regiones gobierna el conjunto de España para apoyar la reforma del artículo 35 de la ley extranjería. Esta es la posición que han fijado, según fuentes oficiales que participan en la reunión.

Además, tal y como estaba previsto desde la conferencia sectorial anterior, se ha aprobado el cupo voluntario de traslado de menores con el apoyo de todas las comunidades, salvo el representante de Cataluña, que se ha abstenido. Lo que se ha aprobado finalmente es el cupo de traslados voluntarios que desde 2022 se pacta anualmente. El cupo de 2024 será de poco más de 340 menores y su ejecución dependerá de cada comunidad autónoma.

Este cupo, que no tiene nada que ver con la propuesta de reforma de la ley que protagonizaba esta conferencia sectorial, quedó pendiente de aprobación en la última conferencia sectorial. Solo Ceuta, gobernada por el PP, se ha mostrado claramente a favor de la reforma. Este mecanismo de traslados voluntarios sigue sin funcionar, el 80 por ciento de los menores que deberían haber salido del cupo de menos de 400 de 2023 siguen en Canarias.

Recuerdan estas fuentes que fue el grupo parlamentario del PP en el Congreso quien pidió informar primero a las comunidades autónomas, y tras realizarse ahora esta reunión, se desentienden del texto. Esas regiones han reprochado al Gobierno de Canarias la lentitud los convenios de envío de menores y señalan que por eso no han acogido, en referencia al cupo de traslado voluntario que desde hace varios años se incumple.

Se trata de un cupo que permite el traslado entre 350 y 400 menores cada año, pero las comunidades autónomas no lo llevan a cabo, como se demostró el año pasado: de un cupo de 370, solo salieron de Canarias y de Ceuta unos 70 niños. Además, han insistido las comunidades del PP en criticar al Gobierno de España, al que acusan de no hacer nada.

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Además, algunas regiones que han participado de manera telemática como Valencia asegura que están al 170% de su capacidad, sin explicar cuántas plazas tienen. Las mencionadas fuentes argumentan que Canarias está al 300% de su capacidad, con más de 6.000 menores.

Por otro lado, según otras fuentes oficiales presentes en la reunión, las comunidades del PP han pedido la palabra al unísono, para señalar que las críticas continuadas del Gobierno hacia el PP y las comunidades no fomentan el acuerdo, denunciando que se les ha atacado en los medios de comunicación y que esto nos ayuda a buscar un consenso.

La norma busca un mecanismo permanente y comprometido de traslado de menores de las regiones de la frontera sur cuando las llegadas sean numerosas. La conferencia sectorial ha estado presidida por la ministra Sira Rego, el presidente canario Fernando Clavijo y el ministro Ángel Víctor Torres. Han acudido tres regiones gobernadas por el PP que no han visitado el centro de menores que proponía la ministra de infancia para que vieran in situ la realidad de Canarias, algo que ha provocado el enfado de la ministra, que le ha pedido directamente a Feijóo que, antes de opinar de estos menores, venga a las islas, les mire a los ojos y les diga que no va a aprobar la reforma de la ley para trasladarles.

Antes de la reunión, el consejero en funciones de Cataluña, Carles Campuzano, ha dejado claro que no lo va a apoyar, que está en contra porque cree que el Estado lo está haciendo mal y la Fiscalía de Canarias también, alegando que les están llegando muchos menores trasladados como adultos por parte del ministerio del Interior, por lo que tal y como está la reforma no la van a apoyar. Por su parte, Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista García Page, sí que ha señalado que la están a favor de apoyarla y reformarla.

Lo que dicen las CCAA

Andalucía, cuya consejera Loles López ha asistido presencialmente a la reunión, ha afirmado que su comunidad acogerá a 30 niños en esa acogida voluntaria pero ha criticado al Gobierno Central de “dejar tirados” a 454 menores que ha enviado a Andalucía camuflados como personas adultas y cuya minoría de edad se niega a reconocer. Ha exigido financiación para estos niños que, en su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha traslado “por la puerta de atrás”.

La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por poner "parches" al problema migratorio con un reparto "impuesto" de menores a las autonomías que "no soluciona nada", y ha advertido de que la reforma de la Ley de Extranjería que plantea podría ser inconstitucional. En cambio, el Gobierno del Principado de Asturias ha expresado su apoyo a la reforma de la ley de extranjería para repartir la acogida de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias, una medida que según la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, "va acompañada de financiación, como no podría ser de otra manera".

Por La Rioja, la consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín, ha reclamado al Estado que asuma sus competencias y adopte una “política seria para corregir una crisis humanitaria estructural que hasta ahora solo se está afrontando con el esfuerzo de las comunidades”. El Gobierno de Murcia ha dicho tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este miércoles para el reparto entre regiones de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias que la suya está "colapsada, sobreocupada al 200 % por la llegada continua de embarcaciones a sus costas y sin capacidad para acoger a más".

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha reclamado al Gobierno central control de fronteras y que involucre a la Unión Europea en la política migratoria, porque, en su opinión, hay un problema no sólo con los menores, sino con los adultos, y está haciendo "dejación de sus funciones". La consejera de Salud y Servicios Sociales de Extremadura, Sara García Espada, ha declarado este miércoles la "oposición frontal" de su comunidad autónoma a que se haga un reparto de menores "singularizado, no consensuado e impuesto como proponen algunas comunidades autónomas", y ha dicho que acogerán a los 30 niños previstos en el acuerdo de 2024.

Por el contrario, La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha instado al Consejo de Ministros a aprobar "ya" un decreto ley para poder derivar menores de inmediato desde las islas hacia otras comunidades, cuyos matices se podrán discutir después en el Congreso.