La facilidad para alquilar motos de agua preocupa al sector: "Regalan la titulación y hay poco control"

Madrid

El uso de motos de agua es cada vez más popular en las costas de España. Las empresas de renting de estas embarcaciones ofrecen dos modalidades a sus clientes: excursiones supervisadas por un monitor, que no requieren titulación, y alquileres de uso libre, para los cuales se exige una licencia que no requiere examen previo, según la normativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Muchos centros de alquiler ofrecen la posibilidad de obtener esta Licencia de Navegación tras completar un curso básico, que dura entre cuatro y seis horas. Esta formación enseña a manejar la embarcación, hacer nudos básicos, amarrar al muelle, anclar, conocer la normativa, seguir las reglas de prevención de colisiones, garantizar la seguridad a bordo y utilizar la radio. No obstante, algunas empresas se publicitan en Internet de la siguiente manera: MOTO DE AGUA SIN CARNET: Conduce una moto de agua a toda velocidad.

Algunas empresas del sector afirman que la prueba para obtener la Licencia de Navegación es "similar" al examen tipo test del carnet de conducir, a pesar de que la normativa no exige superar una evaluación teórica para manejar pequeñas embarcaciones. Basta con presentar una fotocopia del DNI o pasaporte y un certificado médico para obtener la licencia actual, que desde 2014 ha sustituido a la Autorización Federativa, o titulín, que tampoco requería una prueba teórica.

Francisco Miguel Freire, presidente de la Asociación Nacional de Motos Acuáticas (ASMOTAC), explica en Código de Barras que estas embarcaciones están reguladas por las delegaciones de la Real Federación Española de Moto Náutica y que están adecuadamente reglamentadas. "Es mucho más sencillo controlar a las pocas federaciones que controlar a todas las escuelas", señala Freire. Desde la patronal del sector critican que se "regale la titulación" al permitir que todas las empresas de alquiler ofrezcan la licencia de manera sencilla.

Poco control y falta de medios

Desde ASMOTAC argumentan que no hay suficientes medios públicos para controlar el cumplimiento de la normativa vigente. Francisco Miguel Freire destaca que "la Guardia Civil del Servicio Marítimo tiene recursos limitados y no pueden hacer más" y opina que sería ideal que "la policía local pudiera tener motos de agua y vigilar las costas". De hecho, el sector ha puesto en marcha un proyecto piloto en la costa de Orihuela (Murcia), donde la policía local realizó "unas 800 actuaciones durante el verano de 2023 en motos de agua como medida preventiva", lo que ayuda a corregir posibles malos usos. La patronal del renting náutico estima que desde la implementación del Real Decreto 259 de 2002, que regula el uso de las motos de agua, el promedio de accidentes mortales con estas embarcaciones es inferior a dos por año.

Más allá de la siniestralidad, hay una creciente preocupación por el impacto medioambiental del crecimiento de esta industria. Ecologistas en Acción denuncian desde 2021 la contaminación acústica de hasta 86 decibelios bajo el agua, la cual afecta a la fauna marina y desorienta tanto a aves como a peces. De hecho, algunos ayuntamientos, como el de Calvià (Mallorca), han eliminado circuitos de motos acuáticas para fomentar el turismo sostenible, mientras que la Junta de Andalucía está considerando ampliar las restricciones en el Parque Natural Cabo de Gata tras revisar estudios sobre impactos ambientales y de seguridad.

A estas preocupaciones se añaden las quejas de algunos clubes náuticos y federaciones por el mal comportamiento de ciertos usuarios que conducen de noche, a veces bajo los efectos del alcohol, e incluso persiguen en alta mar a animales como los delfines. Hernán Lapuente, fundador del medio especializado Foro Marítimo en Andalucía, sostiene que la solución no es prohibir las motos acuáticas, "sino simplemente dotar de más recursos a la Guardia Civil".

En la misma línea, Antonio Zaragoza, presidente del Club Deportivo de Pesca de Benalmádena (Málaga), considera que el enfoque debe dirigirse hacia la aplicación de las leyes existentes, ya que "no se hace porque no hay efectivos". Por último, Juan Manuel González, presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de Andalucía, propone que un buen punto de partida para mejorar el cumplimiento de las normativas sería "implementar cursos obligatorios para el manejo de las motos".