Más de 3.000 menores detenidos en El Salvador bajo el régimen de excepción de Bukele
Human Rights Watch denuncia una violación de los derechos humanos y el abuso sufrido por estos niños y adolescentes arrestados
Un informe presentado por Human Rights Watch (HRW) denuncia que más de 3.000 niños y adolescentes en El Salvador fueron detenidos bajo el régimen de excepción del presidente Bukele, iniciado en marzo de 2022, para luchar contra las maras.
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El documento recoge 114 páginas detalladas de las detenciones arbitrarias a menores de entre 12 y 18 años. Presentan 66 casos de jóvenes que han sido objeto de abuso constante. Torturas, malos tratos por parte de otros presos y guardas, acoso policial e incluso violencia sexual. La mayoría fueron arrestados sin una orden y recluidos en delegaciones policiales sin posibilidad de contacto con familiares hasta su puesta en libertad, o traslado a un centro de detención juvenil sin fecha de salida.
Muchos niños y niñas fueron detenidos por especulaciones, basándose en el aspecto físico, el barrio de residencia o en denuncias anónimas. Las autoridades fuerzan a los menores a hacer confesiones falsas, con una combinación de acuerdos judiciales abusivos e incluso mediante malos tratos y tortura.
Los menores liberados reportan además condiciones inhumanas y antihigiénicas, que incluye falta de alimentación, tres camas para setenta personas o falta de atención sanitaria, a pesar de presentar síntomas de tuberculosis y hongos. Algunos comparten celda con adultos, lo que viola los estándares internacionales de derechos humanos.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW expuso en una conferencia de prensa el caso de un estudiante de 16 años, identificado como Agustín, quién sufrió de agresiones físicas por parte de presos sin intervención de los guardias y de desplazamiento forzado por las pandillas y luego por el régimen.
El subdirector Juan Pappier reconoció que la violencia de las maras había disminuido considerablemente, pero "a un costo humano muy alto."
El Salvador era uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, con índice de asesinatos de 106 cada 100.000 habitantes. Desde que Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, la criminalidad cayó drásticamente a 2,3 cada 100.000 habitantes, convirtiendo al país en el segundo más seguro de toda América. Dato del que el presidente se hace eco en redes sociales y que provoca que su popularidad crezca cada día.
La parte que no se ve de este sistema es la violación de los derechos humanos de los niños y adolescentes salvadoreños, y un desmantelamiento de las instituciones democráticas y judiciales. El gobierno ha destruido la independencia judicial, presionando a jueces y fiscales para asegurar la detención de estos menores.