Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar ante el juez

Begoña Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez. La mujer del presidente había llegado al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid a las 10:12 horas. El juez Juan Carlos Peinado investiga su actividad profesional y le atribuye los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La investigada accedió a los juzgados por el garaje por motivos de seguridad. Acompañada de cuatro personas y vestida de traje negro, salió del ascensor directo a la sala donde solo ha permanecido 15 minutos.

Su abogado, Antonio Camacho, ha explicado a la salida que se ha negado a declarar, “no porque tenga nada que esconder” sino porque se está violentando el “sacrosanto” derecho a la presunción de inocencia con una investigación “prospectiva” que está prohibida por el Tribunal Supremo. Considera que no se dan las garantías: "Mi representada no ha declarado no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración".Camacho ha insistido en que ve necesario que el juez instructor limite la investigación que sigue contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El servicio de seguridad de los juzgados de Plaza Castilla ha expulsado a Vito Quiles, que concurrió a las elecciones europeas en las lista de Se Acabó la Fiesta, del edificio donde iba a declarar Begoña Gómez. El dispositivo policial en esta ocasión ha sido más reducido que el pasado 5 de julio y Quiles entró antes de que Gómez llegara a la sexta planta de estos Juzgados.

El caso Begoña Gómez

El juez abrió la causa sin preguntar al Fiscal y la declaró secreta con una denuncia del pseudosindicato ultra, Manos Limpias, de siete páginas que contenía ocho recortes de prensa, alguno falso. Esa denuncia se dividía en tres bloques. El primero, la trayectoria profesional de Begoña Gómez y su máster. El segundo, el presunto papel que jugó para que Globalia consiguiera un préstamo del Gobierno en la pandemia. El tercero, el presunto papel que jugó en los dos contratos que Red.es adjudicó al empresario y compañero de cátedra de Gómez, Juan Carlos Barrabés.

La Fiscalía recurrió la apertura de la investigación y la Audiencia de Madrid estimó parcialmente el recurso. Censuró que el juez hubiera declarado la causa secreta y le advirtió de que "no podemos iniciar una investigación de carácter prospectivo, han de presentarse unos indicios objetivos sobre la presunta comisión de un ilícito penal. En el caso que nos ocupa, pese al contenido algo deslavazado de la denuncia existe un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos [la trayectoria profesional de Gómez], otro, el referido al rescate de Globalia, en el que la vinculación de la denunciada es, con los datos que se cuenta, una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales".

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Los magistrados solo salvaron las adjudicaciones públicas concedidas al empresario Carlos Barrabés porque, dicen, en este apartado existen datos "objetivos" que se pueden analizar. Y dos de esos tres contratos, lo único que la sala de apelaciones madrileña declaró investigable, pasó a manos de la Fiscalía Europea al haberse empleado fondos Next Generation.

El informe de la Guardia Civil

La decisión de la Audiencia de Madrid se tomó sin haber tenido en cuenta el primer informe de la Guardia Civil que encargó el propio juez y que descartaba que hubiera indicios de delito contra Begoña Gómez. Los agentes le dijeron a Juan Carlos Peinado que, al contrario de lo que se afirma en esa denuncia y han publicado algunos medios de comunicación, Begoña Gómez no ha recibido ninguna subvención pública.

Pero es que, además, la UCO sostenía que no se habían podido comprobar otros muchos hechos que se atribuyen a Gómez de los que también se han hecho eco distintos medios. Por ejemplo, no pudo confirmar que la mujer del Presidente del Gobierno tuviera una participación mínima en la sociedad Inmark en la que trabajó hasta que Pedro Sánchez empezó a ocupar puestos de responsabilidad en el PSOE y que presuntamente recibió contratos públicos en su etapa ya de presidente: "Este extremo que diferentes medios de comunicación han atribuido a Begoña Gómez no ha podido ser corroborado de manera fehaciente hasta el momento", escriben los agentes.

La Guardia Civil también escudriñó los contratos públicos del empresario Juan Carlos Barrabés. La tesis del pseudisindicato ultra es que Begoña Gómez medió para favorecer a Barrabés porque es la persona que "monta el máster" que dirige la mujer del Presidente del Gobierno en la Universidad Complutense. La UCO discrepa de esa afirmación y sostiene que Barrabés no montó nada, sino que forma parte del "claustro de expertos" del máster.

El documento dice de Barrabés que tiene "una dilatada trayectoria profesional vinculada al mundo empresarial con 99 adjudicaciones por valor de 24 millones de euros entre 2015 y 2024" y que no hay ningún tipo de relación entre Begoña Gómez y los cargos de red.es que participaron en los expedientes. Sobre las cartas de recomendación que Gómez suscribió a favor de Barrabés, los investigadores recuerdan que se firmaron una treintena. Entre ellas las de otras entidades que le han adjudicado contratos a Barrabés como el Ayuntamiento de Madrid. Eso sí, los agentes llaman la atención sobre el incremento de los ingresos de Barrabés entre los años 2021 y 2022 cuando ya compartía máster con la mujer de Sánchez.

Los bulos del rescate a Globalia

El capítulo de bulos en la otra pata de la investigación abierta por la actividad profesional de Begoña Gómez también es amplia. La denuncia sostiene que el Gobierno rescató con 475 millones de euros a Air Europa, gracias a la relación previa que había entre el CEO de la compañía y Gómez, después de que los presentara el empresario Juan Carlos Barrabés a través del conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama. Los agentes señalan que "no se ha podido comprobar esa afirmación difundida en medios de comunicación" y respecto de la relación previa entre ambos solo reconocen que coincidieron en dos encuentros públicos que, además, fueron previos al estallido de la pandemia que desencadenó el rescate de la compañía aérea.

El último bulo es el acuerdo de patrocinio de 40.000 euros anuales entre el Instituto de Empresa que contaba con Begoña Gómez y el Grupo Globalia. Los agentes escriben que "del supuesto contrato, del que no se dispone en este momento de la investigación" solo se han empleado 1.700 euros en un viaje a Londres para asistir a un evento vinculado con la actividad de ambas instituciones.

A este informe hay que sumarle el segundo que analiza el resto de adjudicaciones públicas a este empresario por parte de Ayuntamiento de Madrid, Consejo Superior de Deportes y el tercero de Red.es. La UCO llega a la misma conclusión que en el primero y no ve indicios de delito.

El foco ahora en la Complutense

Sin embargo, la asociación ultracatólica de Hazteoir salió al rescate de sus colegas de Manos Limpias y presentó denuncia contra la actividad profesional de Begoña Gómez en la Universidad Complutense que se admitió a trámite y que ahora es la que centra las pesquisas, en detrimento de la de Manos Limpias. Se investigan las gestiones en torno a un software para que las empresas puedan mejorar en materia de sostenibilidad, medio ambiente y eficiencia energética. Un proyecto para el que Gómez registró el dominio de la página web y en el que participaron multinacionales que operan en España como Telefónica, Google o Indra. El entorno de Begoña Gómez sostiene que ella solo ha registrado el dominio de la página web que iba a albergar el software y que lo hizo siguiendo el procedimiento y las instrucciones que marca la Universidad Complutense. Añaden que el software no se ha terminado de desarrollar nunca y, por lo tanto, en contra de lo que han publicado algunos medios de comunicación, no existe el software, no se ha podido comercializar y mucho menos inscribir en la oficina de patentes y marcas.

La Universidad ha hecho una investigación interna sobre el máster de Transformación Social Competitiva que dirige Begoña Gómez, que ha entregado en el juzgado. La Institución concluye que no puede confirmar ni descartar irregularidades porque no tiene medios para hacerlo y pide al juez que si la investigación acredita que haya podido sufrir algún perjuicio le deje personarse en la causa. El documento reprocha a la mujer del Presidente del Gobierno que no le haya facilitado la información necesaria para aclarar los hechos y que en diciembre de 2023 constituyera, sin informarles, una empresa con el mismo nombre que la cátedra que dirige porque, "como mínimo, puede general confusión". Por esto preguntarán el juez Peinado y las acusaciones de ultraderecha a la investigada este viernes. Gómez también tendrá que explicar sus reuniones en Moncloa con el rector de la Universidad, Joaquín Goyache, para hablar del máster y con Carlos Barrabés para hablar de innovación. En uno de esos encuentros con el empresario estuvo presente Pedro Sánchez junto al director de la oficina económica de Moncloa, Manuel de la Rocha.

Investigación "prospectiva"

El exministro y abogado, Antonio Camacho, que defiende a Begoña Gómez ha recurrido junto a la Fiscalía contra lo que considera una causa "universal y prospectiva", ya que considera que no puede haber investigación después de que la Fiscalía Europea haya asumido los dos contratos adjudicados a Barrabés. Camacho ha pedido a la Audiencia de Madrid que archive la causa. La Fiscalía, por su parte, habla de una "causa general" y quiere que la sala de apelaciones madrileña le acote al juez la investigación.