La Corte Internacional de Justicia sentencia que los asentamientos israelíes en Palestina violan el derecho internacional
El tribunal señala que existen "amplias pruebas de que Israel proporciona incentivos" a su población para que se traslade a los territorios palestinos y que "Israel legaliza regularmente los puestos de avanzada establecidos en desafío de su propia legislación interna"
La Haya
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha estimado este viernes que la política de asentamientos de Israel es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas y que, en particular en lo referente a la explotación de los recursos naturales de la zona, es contraria al derecho Internacional.
La CIJ señala en su decisión sobre la legalidad del Gobierno israelí en Cisjordania y Jerusalén Este que existen "amplias pruebas de que Israel proporciona incentivos" a su población para que se traslade a los territorios palestinos, y que "Israel legaliza regularmente los puestos de avanzada establecidos en desafío de su propia legislación interna".
Más información
"La propiedad pública confiscada beneficia a la población civil de los colonos en detrimento de la población local, por lo que el tribunal concluye que las políticas territoriales de Israel no se ajustan a los artículos 46, 52 y 55 de las regulaciones de La Haya".
"La naturaleza de los actos de Israel", prosigue la corte, "incluido el hecho de que Israel frecuentemente confisca tierras tras la demolición de propiedades palestinas para reasignarlas a asentamientos israelíes, indica que sus medidas no son de carácter temporal y, por lo tanto, no pueden considerarse permisibles en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra".
La corte también denuncia el "fracaso sistemático" de las autoridades israelíes a la hora de impedir la violencia de los colonos israelíes contra la población palestina en el territorio ocupado de Cisjordania. "A la luz de lo anterior, el tribunal afirma que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este y el régimen asociado a ellos se han establecido y se mantienen en violación del derecho internacional", concluye el tribunal.
La CIJ declara además que Gaza es parte integral del territorio ocupado por Israel en 1967, y forma una "única unidad territorial con Cisjordania y Jerusalén Este", de acuerdo con la lectura pronunciada este viernes por el presidente del tribunal, Nawaf Salam.
Netanyahu muestra su rechazo
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó la opinión emitida hoy por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la ocupación israelí de Cisjordania, que calificó como ilegal: "El pueblo judío no es conquistador en su propia tierra", respondió el mandatario en un comunicado difundido por su oficina.
"El pueblo judío no es ocupante de su propia tierra, incluida nuestra capital eterna, Jerusalén, ni de Judea y Samaria, nuestra patria histórica. Ninguna opinión absurda en La Haya puede negar esta verdad histórica o el derecho legal de los israelíes a vivir en sus propias comunidades, en nuestro hogar ancestral", zanjó el líder israelí.
El presidente de Palestina pide "frenar el proyecto colonial"
Por otro lado, el presidente palestino, Mahmud Abás, ha pedido a la comunidad internacional que obligue a Israel a frenar "su proyecto colonial" en los territorios palestinos después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declarara "ilegal" la ocupación que rige desde 1967. Además, ha catalogado como una "victoria" esta resolución.
"Pedimos a la comunidad internacional que obligue a Israel, la potencia ocupante, a poner fin a la ocupación y su proyecto colonial de forma total e inmediata, sin restricciones ni condiciones", ha afirmado Abás.
De la misma forma, ha expresado que esto llega en un momento en el que el pueblo palestino de Gaza y Cisjordania, así como de Jerusalén Este, "está expuesto a una agresión y genocidio generalizados", por lo que "renueva la esperanza" de un "futuro libre de colonialismo".
Finalmente, ha reiterado la necesidad de que se ponga fin a la "política de impunidad" que ha permitido a Israel negar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación "durante más de 76 años", así como "afianzar sus políticas de apartheid y persecución".