Qué es el principio de ordinalidad que determinará la solidaridad de Cataluña con el resto de comunidades autónomas

ERC y el PSC ha llegado a un preacuerdo para sacar adelante la investidura de Salavador Illa como president de la Generalitat tras varios días de conversaciones. Tal y como avanzó ayer en rueda de prensa, la portavoz de Esquerra, Raquel Sans, explica que el pacto se ha trabajado sobre cuatro pilares: en primer lugar, la resolución del conflicto político; en segundo, la financiación singular y la soberanía fiscal; la tercera sería el reconocimiento nacional y de la lengua; y la última cuestiones sobre las políticas republicanas.

La Cadena SER ha tenido acceso al documento del preacuerdo en el que, entre otras modificaciones, se anuncia un nuevo modelo de financiación para Cataluña. De esta manera, Cataluña pasaría a recaudar, liquidar e inspeccionar la totalidad de los impuestos soportados por la comunidad. Asimismo, estable una serie de condiciones para las aportaciones de Cataluña al Estado, en la que se explicita que la solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad.

¿Qué es el principio de ordinalidad?

En el documento del preacuerdo, ambas formaciones han detallado que "Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, debido a que cuenta con un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios", por lo que, como destacan en su pacto, no corresponde a "un modelo de solidaridad entre territorios".

El principio de solidaridad recogido en el artículo 2 de la Constitución española vela por el "establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular." El artículo 138 de la Constitución, además, establece que el Estado garantizará la realización efectiva de este principio y detalla que las "diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales."

ERC y PSC insisten en su preacuerdo que Cataluña continuará aportando a la solidaridad territorial, pero esta deberá ser transparente y explícita. "La aportación debe ser explícita, reflejando de manera transparente cuánto aporta y cuánto recibe, de manera que la contribución a la solidaridad de Cataluña sea conocida y reconocida."

"La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las otras comunidades autónomas, a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar", añade.

Esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad según la capacidad fiscal, es decir, Cataluña tendrá topada la solidaridad con el resto del Estado. "Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben. Se trata de un cambio estructural al sistema de financiación que, en caso de no adoptarse dentro del 2025, requerirá medidas compensatorias", explican en el documento. El principio de ordinalidad busca que ninguna comunidad autónoma reciba menos por habitante que otras comunidades que hayan aportado menos. Por tanto, si España no respetase esa ordinalidad, deberá compensar a Cataluña con lo que describen en el preacuerdo como "medidas compensatorias".

Asimismo, ambas formaciones aseguran en su preacuerdo que la financiación justa y singular de Catañula es "compatible con contribuir de manera equitativa al sostenimiento del gasto del Estado que redunda en beneficio de las ciudadanas y los ciudadanos de Cataluña y con la solidaridad entre territorios".