Tribunales

Interior encarga un informe para analizar si el acuerdo entre el SUP y Desokupa afecta a subvenciones públicas

El Ministerio del Interior ha abierto un expediente informativo para analizar el acuerdo alcanzado entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Club Desokupa

La lona desplegada en el número 35 de la calle Atocha por la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa ha aparecido este viernes con una serie de mensajes relativos a los problemas por los precios, precariedad y falta de vivienda. / MARISCAL AGENCIA EFE (EFE)

El Ministerio del Interior ya ha dado orden de investigar si el polémico acuerdo entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Club Desokupa, propiedad del ultra Daniel Esteve, puede ser impugnado. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha abierto un expediente informativo para analizar ese convenio, según el cual los policías afiliados al SUP podrán gozar de un descuento para recibir un curso de defensa personal que sería impartido por Policías y Guardias Civiles en activo, según ha detallado el dueño del Club Desokupa.

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Interior da este paso "tras conocer el contenido de los informes solicitados el pasado 4 de agosto a la Abogacía General del Estado y a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior", según han explicado fuentes ministeriales. Esa investigación interna se va a centrar, por un lado, en estudiar la "compatibilidad de los agentes en activo que impartirían esa formación extracurricular", a través del Club Desokupa del ultra Daniel Esteve.

Además, en paralelo a esa investigación interna de la Dirección General de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior también ha encargado un informe a la Abogacía del Estado "para conocer si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones públicas que recibe el SUP, y en su caso, cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que puedan producirse", aclaran.

Desde el inicio de la polémica, el Ministerio del Interior defendió que "garantizaría, dentro de los cauces habilitados en el ordenamiento jurídico, que cualquier formación externa, aún cuando no esté reglada y carezca de valor académico, respete plenamente los valores democráticos y los principios constitucionales, como única forma de realizar la acción policial garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos".

Javier Bañuelos

Redactor Jefe en la Cadena SER responsable de...