Un catedrático de Derecho asegura que "no hay una razón jurídica para no detener a Puigdemont en el Parlament", pero sí de "estética democrática"

Madrid

A 24 horas del pleno de investidura de Salvador Illa en el Parlament, aún hay muchas dudas sobre qué puede pasar con el anunciado regreso del expresident Carles Puigdemont, que lleva fuera de España desde el 30 de octubre de 2017. ¿Volverá rodeado de simpatizantes y alcaldes de Junts? ¿O intentará acceder al Parlament de manera clandestina? Sea como sea, el catedrático de Derecho Procesal de la UB Jordi Nieva Fenoll ha asegurado en Hoy por hoy que "no hay una razón jurídica para no detener a Puigdemont en el Parlament" porque el artículo 15 de la ley de Seguridad Ciudadana no impide el acceso de la Policía a esta cámara.

Pero Nieva sí ha querido recordar el origen de la inmunidad parlamentaria, una figura creada en Inglaterra después de que un rey del siglo XII intenta detener a varios diputados. Desde entonces, el Parlamento británico mantiene una curiosa tradición en el inicio de cada legislatura: el ritual de dar un portazo simbólico al monarca.

El catedrático de la UB, de hecho, también ha señalado que "la última vez que vimos a la fuerza pública dentro de un Parlamento fue en 1981 [23F]", por lo que, en su opinión, hay motivos de "estética democrática" para que no se detenga a Puigdemont en el Parlament.

"Cualquier policía sabe que la orden está vigente"

Según Nieva, además, la inmunidad parlamentaria protege a Carles Puigdemont de la detención policial, pero no de que un agente ejecute la orden directa de un juez: "Cualquier policía sabe que la orden está vigente, y está obligado a detenerle y ponerle a disposición del Tribunal Supremo".

En este caso, por lo tanto, todo dependería de "lo que quiera el magistrado Llarena" y, aunque cabe la posibilidad de que active a un juez de guardia de Barcelona, lo más probable, según ha detallado este experto en Hoy por hoy, es que el magistrado lo conduzca a su presencia, en el Tribunal Supremo, y luego dicte la orden sea procedente.

"Hasta ahora todas las decisiones de Llarena han estado enfocadas hacia la prisión de Puigdemont", ha señalado Nieva. "Así que, si seguimos la lógica de sus decisiones, la orden de prisión podría ser prácticamente inevitable".

Otro asunto a tener en cuenta es cómo puede afectar a su situación legal la ley de Amnistía. "La malversación tiene una pena muy alta, de 12 años. Pero algo que no se está diciendo es que el Tribunal Supremo puede imputar otros cargos a Carles Puigdemont, y si el juez instructor admite una acusación por otro delito no amnistiable, sería un riesgo enorme".