Madrid

El Ministerio del Interior ha remitido ya el informe técnico-policial que requirió el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena a través de una providencia en la que reclamaba detalles sobre el "fracasado operativo" que permitió la fuga del expresident catalán, Carles Puigdemont.

En ese informe se detalla que los Mossos renunciaron al apoyo operativo de la Policía y la Guardia Civil que ofreció Interior para detener a Puigdemont, "Interior ofreció a la Policía de la Generalitat cualquier apoyo operativo por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil, sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia”, explican desde el Ministerio del Interior. Por tanto, Interior no desplegó "operativos paralelos operativos paralelos específicos para garantizar la seguridad del acto de investidura en el Parlament y la detención, en el marco de dicho servicio ad hoc, de Puigdemont en los alrededores, a la entrada o dentro de dicha sede parlamentaria", amparándose en el el artículo 164 del actual Estatuto de Autonomía de Cataluña.

El informe del Ministerio del Interior confirma que el departamento de Grande-Marlaska activó recursos "extraordinarios" una vez que se comunicó la fuga del expresident catalán, no fue hasta ese momento cuando se activaron. No fue el ministro del Interior, se hizo a través del delegado del Gobierno de Cataluña, fue él quien "impartió instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil, a través del , para que, por un lado, “se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos” para localizar y proceder a la detención del expresident. Ese refuerzo operativo se centró en un "refuerzo de la vigilancia de puertos y aeropuertos de la Comunidad de Cataluña, y se dispusieron dispositivos operativos en ciertas vías públicas, en especial aquellas que conducen o están próximas a la frontera con Francia, aunque las vías de alta capacidad quedaron bajo la responsabilidad de los Mossos de Esquadra". Estos dispositivos actuaron hasta las 24 horas del sábado 10 de agosto.

Interior asegura que el arresto del expresidente catalán es "un objetivo prioritario", en concreto, desde el pasado 11 de junio, cuando el magistrado instructor del Supremo reactivó la orden de detención contra el expresident, su nombre se incluyó en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales, en el apartado de ‘órdenes de búsqueda’, por eso, Interior dio orden de detenerle, a través de las delegaciones del Gobierno, a los cuerpos policiales autonómicos en cuyo territorio hay frontera con Francia: Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y Mossos d’Esquadra.

El Ministerio del Interior también acredita que desde los días previos al 8 de agosto y en esa misma fecha Policía Nacional y Guardia Civil mantuvieron activados los controles en fronteras, puertos y aeropuertos y en el conjunto de Cataluña, sobre todo en la ciudad y área de influencia metropolitana de Barcelona. Sin embargo, se precisa que en esos dispositivos de control establecidos por la Policía y la Guardia Civil "no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont".

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Interior no quiso reactivar el control de fronteras

El propio Ministerio del Interior reconoce que el código de fronteras Schengen abre la posibilidad de restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores, "que deben ser justificados ante la Comisión Europea y el resto de Estados miembros por la existencia de una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior". Pero en esta ocasión no se hizo, como sí ocurrió, "de forma excepcional", durante la celebración de la cumbre de la OTAN reunida en Madrid el 29 y 30 de junio de 2022 o, en 2020, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Según Interior es "una medida ‘de último recurso’ que, por lo expuesto, no está prevista para supuestos como el objeto de este informe".