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La Justicia condena a la Comunidad de Madrid a pagar a un médico las horas extras que hizo durante la pandemia

Solo le habían reconocido el 50% de las horas extras trabajadas entre febrero y mayo de 2020

UCI del Hospital Ramón y Cajal de Madrid / SERGIO PEREZ (Reuters)

Madrid

El Juzgado número 1 de lo Social ha condenado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a abonar 7.188,3 euros a un médico por las más de 400 horas extras que hizo en los primeros meses de la pandemia, tras estimar una demanda de Comisiones Obreras (CCOO).

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El médico afectado prestó servicio en la Dirección General de Salud Pública entre marzo y mayo de 2020, con motivo de la crisis sanitaria originada por la covid, y estaba vinculado al Convenio de Personal Laboral de la Administración madrileña, en la categoría de Titulado Superior Especialista, explica CCOO en un comunicado.

Este trabajador se vio obligado a hacer 420 horas extraordinarias, de las cuales la Comunidad de Madrid le abonó 210 horas en diciembre de 2021, reconociendo solo el 50 % del total real de las horas extras trabajadas en el periodo entre el 29 de febrero y el 7 de mayo de 2020.

"Caso omiso de las reclamaciones"

Aunque el sindicato interpuso una reclamación previa, la Consejería de Sanidad "hizo caso omiso de las reclamaciones del trabajador" que solicitaba la compensación del total de horas extras realizadas en uno de "los periodos más duros de la pandemia, y en jornadas superiores a las 16 horas diarias".

Tras interponer la demanda judicial, la Consejería de Sanidad se ha visto obligada al reconocimiento y abono de las horas extraordinarias realizadas por el facultativo, "en concepto de deuda salarial, más el 10% de intereses de demora".

El Juzgado abre la puerta a que la Administración regional pueda interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

CCOO Sanidad Madrid lamenta que "se den este tipo de situaciones en las que la Administración Pública niega el reconocimiento de la labor realizada por los profesionales sanitarios, obligando a los mismos a defender sus derechos judicialmente". El sindicato censura, asimismo, "la actitud del Gobierno de la Comunidad a pesar de la coyuntura extrema en la que se dio la circunstancia que obligó al trabajador a litigar".