Amnistía Internacional urge al Gobierno a suspender la venta de armas españolas a las fuerzas de seguridad de Bangladés

Madrid

La investigación de Amnistía Internacional se basa en testimonios de testigos y en análisis de vídeos y fotografías. En ella se concluye que la policía bangladesí ha hecho un uso "ilegítimo de la fuerza contra los manifestantes" durante las protestas que han logrado tumbar al Gobierno. Amnistía teme que el material de defensa utilizado lleve sello español. Esas sospechas son las que las han llevado a esta organización a enviar una carta a la Secretaria de Estado de Comercio para que ordene la suspensión inmediata de las autorizaciones de venta de armas y el material de antidisturbios a Bangladés, a través de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU).

"En Bangladés como usted sabe, se han producido violentos enfrentamientos desde el 15 de julio, cuando fuerzas gubernamentales y simpatizantes atacaron a estudiantes que protestaban por las cuotas del 30 por ciento en los empleos públicos para familiares de veteranos de guerra que lucharon por la independencia del país en 1971, que los manifestantes consideran que favorece a los partidarios del partido gobernante. Más de 300 personas han muerto, miles han resultado heridas y muchas han sido detenidas", recoge la carta enviada por Amnistía.

La preocupación se esta organización se centra en el suministro del material de Defensa, "tanto cartuchos como material antidisturbios para las Fuerzas Armadas de Bangladés y, sobre todo, la policía. Entre 2017 y junio de 2023, el valor de las autorizaciones alcanzó los 5,6 millones de euros", según recuerda esta ONG, basándose en los datos oficiales de las exportaciones españolas de material de defensa. Solo en el primer semestre de 2023 se vendieron cartuchos para la policía por valor de 1,6 millones de euros y de cartuchos de gas lacrimógenos para las Fuerzas Armadas por importe de 60.048 euros, "nos preocupa especialmente la exportación realizada en el período señalado", remarca la misiva, "creemos que estas exportaciones ejemplifican la necesidad de seguir mejorando el sistema de evaluación de riesgo de las exportaciones, puesto que pone de manifiesto, una vez más, que la información sobre el historial de derechos humanos del usuario final no es el elemento clave en la decisión de la JIMDDU".

Por todo ello, Amnistía reclama al Gobierno español:

• Que suspenda las autorizaciones de armas letales y de letalidad reducida (incluidas escopetas del calibre 12 cargadas con perdigones, lanzagranadas de 37/38 mm y fusiles de asalto así como gases lacrimógenos utilizadas ilegalmente contra manifestantes, según ha verificado Amnistía Internacional) a las fuerzas de seguridad de Bangladés, incluidos el Batallón de Acción Rápida, la Guardia Fronteriza de Bangladés y la policía.
• Revoque las autorizaciones de las licencias de armas letales y de letalidad reducida y material antidisturbios no ejecutadas, en virtud del riesgo sustancial de que podrían ser utilizados para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional
• Que mantenga estas medidas hasta que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, efectiva, independiente e imparcial sobre las muertes y lesiones ocurridas durante las represiones
• Que condicione las licencias de este material a que las fuerzas de seguridad de Bangladés reciban formación que las capacite para utilizar el material según las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y demuestren que respetan estas normas en la práctica, incluida la protección y facilitación de protestas pacíficas.

Esa carta ya está sobre la mesa del Gobierno, peticiones que ya está siendo analizadas según trasladas fuentes del Ministerio de Economía. "Este gobierno es plenamente consciente de que hay que ser especialmente vigilantes y aplicar el mayor rigor exigible en aquellas operaciones que tengan como destino áreas en conflicto o regiones en los que pudiesen producirse violaciones de los derechos humanos", aseguran estas fuente.

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En el caso de Bangladesh, para autorizar operaciones, "las solicitudes son analizadas caso a caso con una evaluación de riesgo especial en cuanto a la situación interna" y aseguran que "no se ha autorizado ninguna exportación de material antidisturbios ni policial desde el pasado mes de abril".