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Viviendas turísticas ilegales: "Es inquietante no saber quién las alquila"

La falta de transparencia deja a miles de vecinos expuestos al descontrol de las viviendas turísticas no registradas en sus edificios

Viviendas turísticas ilegales: ¿cómo regularlas?

Viviendas turísticas ilegales: ¿cómo regularlas?

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Madrid

La demanda de apartamentos turísticos en España continúa aumentando significativamente gracias a la afluencia de viajeros que optan por este tipo de alojamiento debido al confort y privacidad que ofrecen. Según datos de la patronal turística Exceltur, nuestro país cuenta con cerca de 300.000 pisos turísticos operativos y la apertura de nuevos establecimientos no cesa. Solo este año, se han incorporado al parque 60.000 plazas, lo que supone un incremento del 25% de la oferta con respecto a 2023.

El problema es que muchas de estas propiedades operan sin licencia e incumpliendo las normativas municipales, lo que ha llevado a las principales empresas del sector turístico a denunciar un crecimiento descontrolado del sector. La capital, Madrid, se sitúa a la cabeza de esta problemática puesto que solo 940 de sus 10.500 pisos turísticos cuentan con licencia municipal. También están afectadas Málaga, Alicante, Baleares y Cádiz, que tienen una alta proporción de pisos turísticos por su atractivo turístico.

La patronal de pisos turísticos pide que no se estigmatice a los apartamentos que son legales

Esta situación ha llevado a algunos ayuntamientos a tomar cartas en el asunto para regular mejor el sector de los apartamentos turísticos. En Cádiz, por ejemplo, se ha restringido la concesión de nuevas licencias de apertura dentro del casco antiguo y se establecerá un canal público para que los ciudadanos denuncien la presencia de alojamientos que no cumplan las normas. En el caso de Vigo, se ha suspendido la aprobación de ayudas para reformar inmuebles destinados al alquiler turístico, llegando a retirarse las subvenciones a 15 propiedades.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 trabaja con la Federación Española de Municipios y Provincias para promover la revisión de los anuncios en las plataformas digitales de viviendas turísticas que carezcan de licencia. El ministerio a cargo de Pablo Bustinduy busca combatir estas prácticas ilegales que podrían infringir la Ley de Consumidores y Usuarios. Ofrecen a los municipios colaborar en la detección de viviendas irregulares, con sanciones de hasta 100.000 euros.

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Merche, vecina del barrio madrileño de Lavapiés, explica a Código de Barras el problema al que se enfrenta en su edificio, donde la proliferación de apartamentos turísticos ha reducido los recursos locales. "Carnicerías o pescaderías ya no existen en el barrio", asegura. A esto se suman la suciedad y el ruido que generan los turistas. Merche afirma que esto reduce la seguridad "porque no sabes quién está viviendo en el piso" y señala que, a veces, el propietario ni siquiera informa a los huéspedes sobre la distribución el edificio en caso de imprevistos.

La Asociación Vecinal Sol Barrio de las Letras, de la que forma parte Merche, proporciona "un punto de información para reclamar ante la administración y denunciar los pisos ilegales". Sin embargo, reconoce que el éxito "está siendo muy bajito". Ante esta situación, cada vez más vecinos se plantean vender su vivienda, aunque otros, como nuestra invitada, se niegan a marcharse y prometen serguir luchando.

Carlos Balado, profesor de la OBS Business School y autor del informe Mercado Inmobiliario en España 2024, afirma en Código de Barras que "la alta afluencia del turismo" es la principal causa de este fenómeno. La presión en verano "hace que la oferta crezca y que las plazas hoteleras no sean suficientes". Por eso, quienes quieran alquilar su vivienda a turistas "deben registrarse y cumplir con las condiciones establecidas por las comunidades autónomas".

Además, destacó que es complicado determinar cuántas propiedades no están registradas porque "no hay estadísticas sobre el tema". Simplemente, quienes realizan esta actividad "no registran su vivienda, lo cual es ilegal". También señala que la reciente ley de vivienda ha reducido la oferta, lo que ha incrementado los precios de las propiedades, tanto nuevas como antiguas, “debido a un desajuste entre oferta y demanda”, concluye el profesor.

 
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