El Gobierno británico reabrirá dos centros de detención de inmigrantes para acelerar las deportaciones
La decisión ha sido criticada por las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos, que acusan a los laboristas de usar la misma retórica antiinmigración que el anterior Gobierno conservador
Dan Kitwood
Londres
El Gobierno laborista del Reino Unido reabrirá dos centros de detención de inmigrantes para acelerar las deportaciones. La decisión, anunciada este miércoles por la ministra del Interior, Yvette Cooper, se enmarca en el plan del Ejecutivo de frenar las llegadas irregulares a través del Canal de la Mancha, que han superado las 19.000 personas en lo que llevamos de año –una cifra similar a la registrada en el mismo periodo de los dos años anteriores–. El Gobierno confía en que esta medida sirva para expulsar a más de 14.000 inmigrantes antes de que termine el año, lo cual supondría la cifra más alta desde 2017.
El Ministerio del Interior ha confirmado la reapertura de los centros de detención de Campsfield House y de Haslar, situados en el centro y en el sur de Inglaterra. Una medida que había impulsado el Gobierno anterior, del Partido Conservador, y que prevé disponibilizar cerca de un millar de plazas adicionales en los próximos años. “Sabemos que no hay soluciones rápidas para estos complejos retos. Pero ya estamos tomando las medidas rápidas y decisivas necesarias para reforzar nuestra seguridad fronteriza, acabar con las bandas organizadas y poner bajo control nuestro sistema de asilo”, ha asegurado un portavoz del Partido Laborista.
El Gobierno ha tomado esta decisión a pesar de las advertencias del inspector jefe de prisiones, Charlie Taylor, quien alertó de que el deterioro de la seguridad en los ocho centros de detención de inmigrantes que están abiertos actualmente tendrá consecuencias sobre la salud mental de los inmigrantes. “Privar a alguien de su libertad es un acto muy grave, y las personas sólo deben ser recluidas en centros de internamiento cuando la perspectiva de su expulsión del país sea inminente. En todas las inspecciones de los centros de internamiento encontramos personas recluidas durante mucho más tiempo del debido, algunas durante años”, aseguró Taylor a principios de este mes.
La decisión también ha sido criticada por las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos, que acusan a los laboristas de usar la misma retórica antiinmigración que el anterior Gobierno conservador. “Aumentar los poderes en materia de inmigración –incluso para detener a personas– en lugar de garantizar que los poderes existentes sólo se utilicen cuando sea necesario y justo, ha disimulado durante décadas la ineficacia y la injusticia del Ministerio del Interior”, ha asegurado el director de derechos de los inmigrantes de Amnistía Internacional en el Reino Unido, Steve Velez-Symonds, a través de un comunicado, quien ha criticado al Ejecutivo laborista por utilizar un “mensaje anticuado de miedo y hostilidad contra las personas más victimizadas y traumatizadas”.
El Ministerio del Interior ha asegurado que se toma “muy en serio” el bienestar y la seguridad de las personas a su cargo y que las expulsiones se llevarán a cabo “con dignidad y respeto”, en un intento por marcar distancias con las políticas migratorias del anterior Gobierno, entre ellas el plan de deportaciones a Ruanda y el uso de barcazas para alojar a los solicitantes de asilo –ambos descartados tras la victoria laborista en las elecciones de julio–. Además de las deportaciones, el Ejecutivo quiere mejorar la cooperación con la Unión Europea para reforzar el combate contra las bandas que trafican con personas y que permiten la llegada de inmigrantes. Para ello, ha anunciado la contratación de 100 nuevos agentes especializados en inteligencia e investigación, que pasarán a formar parte de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, en sus siglas en inglés) para identificar y desmantelar estos grupos.
