Human Rights Watch denuncia reclutamientos ilegales en Burkina Faso para silenciar a los magistrados
Una situación que llevan meses sufriendo por las autoridades militares que dieron un golpe de Estado en 2022
Bandera de Burkina Faso
Madrid
Human Rights Watch ha denunciado en un nuevo informe la situación en Burkina Faso, país en África Occidental. Todo apunta a que las autoridades militares del país están aprovechando una ley de emergencia para reclutar ilegalmente para el servicio militar a fiscales y jueces; magistrados que hayan iniciado procesos judiciales contra algún miembro de la junta, el grupo militar que gobierna en el país.
En enero de 2022, el grupo de soldados "Cobra" dirigidos por el teniente coronel Paul-Henri Damibam, dio un golpe de Estado, destituyendo al presidente Roch Marc Kaboré. Tras proclamarse presidente interino, en septiembre de ese mismo 2022, su colega el capitán Ibrahim Traoré, dio el segundo golpe de Estado tras acusar a Damibam de ser incapaz de hacer frente a las múltiples crisis del país. Ambas tomas de poder sucedieron por el descontento militar y de la población por los ataques yihadistas; varios grupos ligados al Estado Islámico están controlando muchas zonas desde 2015.
Esa misma junta militar, anunció en mayo que prolongarán la transición a un gobierno civil cinco años más. Y desde hace unos meses, ha habido una creciente represión contra periodistas, defensores de los derechos humanos y opositores políticos, a lo que se le suman estos reclutamientos forzosos. Entre el 9 y 12 de agosto, las autoridades notificaron por teléfono a unos siete magistrados, para participar en operaciones de seguridad gubernamental contra los grupos islamistas. El 14 de agosto se presentaron en la base militar y desde entonces no hay noticias de ellos.
Los militares aseguran que este reclutamiento está justificado y es legal porque entra dentro del plan de 2023 para recuperar territorio controlado por los yihadistas.
Sin embargo, tres sindicatos de los magistrados publicaron un comunicado donde veían claramente irregularidades y que los fiscales y jueces había sido retenidos por haberse "atrevido" a encargar a agentes que investiguen denuncias de los ciudadanos, o dar la orden de arresto de partidarios de la junta.
Lo que denuncia Human Rights Watch es el uso del servicio militar obligatorio, para silenciar al poder judicial, además de los secuestros y desapariciones forzadas desde 2023. Este febrero ya denunciaron otros seis reclutamientos ilegales de miembros de partido de la oposición.
Los civiles mayores de 18 años pueden ser reclutados para la defensa del país, pero siempre dentro de la legislación y con una notificación previa.
