Terminar con el anonimato en redes y alejamiento: las dos propuestas del fiscal que lidera la persecución de los delitos de odio

Un delito de odio es una infracción penal de un hecho «que viene motivado por el rechazo a determinadas personas por motivos como racismo, xenofobia, discapacidad, etc.», comienza explicando fiscal de Sala de la Unidad de delitos de odio de la fiscalía general del Estado, Miguel Ángel Aguilar, en Hoy por Hoy. Este martes, la Fiscalía anunció que va a estudiar los mensajes en redes contra menores no acompañados tras el crimen de Mocejón. Aguilar recuerda que «tenemos en nuestras calles día a día agresiones hacia personas por este tipo de motivaciones» y incide sobre «la difusión de insultos racistas en acontecimientos deportivos», así como «las informaciones falsas que, en determinados casos buscan señalar, estigmatizar, a personas migrantes para despertar sentimiento de rechazo de la población hacia ellas». Su departamento, en casos como el de Mocejón, ha de fijarse en algunas variantes para poder determinar si pueden considerarse delitos de odio: «Hay que ver que los hechos tengan cierta entidad, la gravedad de los mismos, la persona que lo ha dicho y su capacidad de liderazgo, y hay que ver el contexto», detalla. Esta unidad de la fiscalía que investiga los delitos de odio es de reciente creación. Analiza cada caso concreto y tiene como objetivo supervisar y dar soporte técnico a los fiscales: «Hay que hacer una investigación muy rigurosa y recopilar todo tipo de datos y después valorarlos». La investigación sobre el caso de Mocejón está en una fase muy inicial pero cuando tengan los informes policiales, «serán remitidos a la fiscalía y se hará la valoración jurídico-penal». Aguilar reconoce que esos mensajes le generaron «bastante indignación»: «Una persona que esta siendo portavoz, con un inmenso dolor porque acababan de asesinar a un familiar menor, que hace un llamamiento a no criminalizar a ninguna etnia ni raza, y aprovechar ese momento para atacar a esa persona... no tiene palabras». Este fiscal propone reformar el código penal para que los condenados por cometer delitos de odio en las redes tengan que mantenerse un tiempo alejados de ellas y que todos los usuarios tengan que estar identificados: «Sería interesante porque muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar porque no identificamos al autor». Aguilar también pide implicación de otros estamentos para «educar y prevenir» y desarrollar otras medidas para combatir el odio porque cree que es peligroso fiarlo todo a la ley: «La ley no puede acotar que se puede publicar y que no, es peligroso para nuestra democracia», sentencia, pero recuerda que sí hay unos límites administrativos y penales. Percibe que «de una forma coral, desde diferentes ámbitos, hay una estrategia de criminalizar, sobre todo, a sectores vulnerables de nuestra sociedad (a los migrantes, a los menores no acompañados...)» pero cree que la sociedad es inteligente: «Por nuestra propia historia, porque somos una sociedad migrante... somos conscientes de la la importancia que tiene la inmigración y los rendimientos positivos que están dando a España, a nivel de convivencia, cultural...», destaca. «Hace falta que los poderes públicos implementemos todas las medidas necesarias. Hay muchos comentarios que no tienen trascendencia penal pero son muy odiosos y socaban en nuestro modelo de convivencia», apunta, pero advierte de que desde su departamento no pueden entrar a todo lo que se difunde «por muy odioso que sea», solo en «comportamientos graves». En la Fiscalía han notado un aumento paulatino de delitos de odio cada año, pero reconocen que no saben si es un incremento real o que hay una mayor conciencia social y se denuncia más.

Terminar con el anonimato en redes y alejamiento: las dos propuestas del fiscal que lidera la persecución de los delitos de odio

El fiscal de Sala de la Unidad de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, explica en 'Hoy por Hoy' cómo se investigan los mensajes con contenidos racistas o xenófobos y cuáles podrían entrar en la categoría de delitos de odio

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