Sociedad

La OCU denuncia a 10 festivales de música por prácticas abusivas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante las autoridades autónomas

Escenario de festival de música / Jena Ardell

Madrid

Durante la época de verano, algo que se vuelve muy habitual en muchos puntos de nuestro país son los festivales de música. En ellos, los espectadores pueden disfrutar de sus grupos y cantantes favoritos junto a miles de personas.

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En esta ocasión, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha presentado este viernes una denuncia oficial ante las autoridades autonómicas de consumo a diez distintos festivales de música por malas prácticas durante este verano y no respetar los derechos de los consumidores.

A esta denuncia de tres festivales, se suma una anterior de otros siete. Estos abusos detectados afectan a un total de un millón de usuarios. Los festivales denunciados son el Dreambeach (Almería), el Pirata Beach Fest (Gandía) el Visor Fest (Murcia), el FIB (Benicàssim), el Monegros Desert Festival (Fraga), el Puro Latino (Puerto de Santa María, Sevilla, Arganda, Torremolinos y Almería), el Sonórica (Castro Urdiales), el Zevra Festival (Cullera), el Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound (Lorca).

Entre las prácticas denunciadas por la OCU, se encuentran las irregularidades a la hora de vender entradas. Además, estos eventos musicales cobran a los asistentes una tasa al recuperar el saldo de las pulseras cashless. Otra práctica denunciada es la de prohibir la entrada de comida y bebida al interior de los recintos donde se celebran estos festivales.

Si los asistentes abandonan temporalmente el recinto del festival son cobrados cuando quieren volver a ingresar. También, en muchos casos, se prohíbe el uso de efectivo en los festivales o cobran por utilizar vasos reutilizables.

Por todo ello, la OCU ha denunciado públicamente estas prácticas para que cada comunidad determine si atentan contra la protección de los consumidores. Según la Organización, el Ministerio de Consumo es el encargado de desarrollar una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a los festivales.

La Organización insta a los consumidores a reclamar estas prácticas abusivas y recuerda que la suspensión de un festival o los cambios de última hora deben implicar el reembolso de dinero o reclamaciones por los daños causados.

 
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