Energía fotovoltaica: claves para garantizar el equilibrio entre su expansión y el cuidado del medioambiente

España batió récords en 2023 en producción de energías renovables, según la Red Eléctrica de nuestro país. Alcanzó los 134.321 GWh (gigavatio-hora), un 15% más que el año anterior, superando así todos los índices hasta el momento de generación de energías verdes. La fotovoltaica produjo un 33,8% más que en 2022, llegando a una cuota del 14% y con una producción que superó los 37.000 GWh.

Nuestro país cuenta a día de hoy con una potencia de 27GW en plantas instaladas y más de 7GW en autoconsumo, según la Unión Fotovoltaica Española, con una representatividad del 90% de la actividad del sector. Su secretario general, José Donoso, explica que Castilla- La Mancha, Extremadura y Andalucía son las comunidades que más han apostado por la energía fotovoltaica como un motor de desarrollo económico y, por tanto, donde mayor potencia instalada hay. Igualmente, se refiere a la contribución de la fotovoltaica y el resto de energías renovables a la descarbonización: “A día de hoy, España importa combustibles fósiles cada año por un importe que ronda los 70.000 millones de euros. Es muy significativo el impacto en términos económicos prescindir de ellos”.

No obstante, sigue dándose el debate sobre cómo encontrar el equilibrio que permita construir instalaciones o parques energéticos, en este caso con grandes paneles solares, que no destruyan el entorno natural. En este sentido, José Donoso asegura que las placas “son estructuras relativamente ligeras que no necesitan hormigón y se hincan en la tierra”: “Esto quiere decir que el suelo no sufre y, después de 30 años cuando se desmantele la planta, no habrá recibido agresiones por herbicidas o abonos”. Además, destaca que es obligatorio reciclar los componentes de la planta, llegando incluso hasta el 98% del conjunto de materiales.

Sara Pizzinato, coordinadora de la campaña de energías renovables de Greenpeace, se refiere al informe publicado sobre buenas y malas prácticas en el despliegue de esta tecnología: “Necesitamos leyes más claras y declaraciones de impacto ambiental más rigurosas”. El análisis de la organización ecologista pasa por 25 proyectos fotovoltaicos y eólicos repartidos en 7 comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra, Galicia, Aragón y País Vasco.

Limitaciones a las fotovoltaicas

En lo que llevamos de año cinco comunidades autónomas han aprobado regulaciones o tienen previsto implantar restricciones a la energía fotovoltaica. Las últimas en seguir esta línea han sido El Principado de Asturias y Canarias. La primera, ha aprobado una ley que limita la instalación de parques de baterías de energía solar a distancias considerables de poblaciones y áreas ganaderas.

La segunda, Canarias, ha modificado su Ley de Cambio Climático para exigir que los proyectos a partir de 2 MW destinen el 20% de su producción a la participación local. Se trata de una medida cuestionada por el sector, considera que es una posible barrera a la inversión. La Rioja aprobó en enero una moratoria en la autorización de nuevas instalaciones. Por último, País Vasco y Aragón han aprobado un nuevo impuesto, con carácter retroactivo, dirigido a instalaciones fotovoltaicas que se instalen en sus territorios.