El grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) retira su OPA sobre Talgo tras el veto del Gobierno español
Bruselas ha comunicado este jueves que la decisión de rechazar esta oferta corresponde a España y no tenía que comunicarlo a los organismos comunitarios
EP
Madrid
El grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) ha retirado, tras días de polémica, su OPA sobre Talgo tras vetarla el Gobierno. El grupo ha tomado esta decisión en una reunión mantenida este jueves por la tarde en Budapest y aseguran que mantendrán una estrategia judicial contra la decisión del Gobierno español, y no desisten de presentar otra oferta a futuro para hacerse con Talgo.
El Ejecutivo español tomó la decisión de vetar la OPA después de analizar la oferta y considerar que si esta se llevara a cabo en las condiciones que el grupo húngaro planteaba —hacerse con el 100% de la compañía— conllevaría "riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público". Desde el Gobierno han insistido en que Talgo es una empresa de "carácter estratégico" y la CNMV ha reactivado la cotización de la compañía tras haberla suspendido a media mañana.
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Precisamente sobre esta operación la Comisión Europea ha dicho este jueves que esta decisión corresponde a España, y que no es necesario que el país la comunique a Bruselas. "La prerrogativa de estas decisiones es de los Estados miembros. No tenemos ningún comentario específico", dijo la portavoz comunitaria Francesca Dalboni en la rueda de prensa de la Comisión. Recordó asimismo que la legislación europea permite a los Estados miembros "restringir" la libre circulación en la UE sobre la base de motivos de seguridad pública, aunque recordó que las medidas adoptadas deben ser "justificadas y proporcionadas".
Por su parte, el portavoz jefe comunitario, Eric Mamer, indicó que Bruselas no está al corriente de posibles contactos de la empresa húngara afectada con el Ejecutivo comunitario. Agregó en cualquier caso que el Tribunal de Justicia de la UE es siempre el último auditor en caso de que haya una queja por parte de una de las partes.
La Unión Europea tiene en vigor desde octubre de 2020 un reglamento sobre Inversión Extranjera Directa (FDI) para que los Veintisiete estén mejor equipados para identificar, evaluar y mitigar los posibles riesgos para la seguridad o el orden público, sin que por ello la UE deje de ser una de las zonas de inversión más abiertas del mundo.
La aplicación de esta normativa, actualmente en revisión para incrementar su eficacia, ha permitido a los Estados miembros tener mejor visión de las inversiones extranjeras en la UE y su impacto transfronterizo. En todo caso, son los Estados miembros quienes mantienen los mecanismos de control necesarios para detectar riesgos para la seguridad o el orden público derivados de determinadas operaciones de inversión, y los que tienen la última palabra sobre ellas.
La regulación también permite a la Comisión Europea emitir opiniones cuando una inversión amenace la seguridad o el orden público de más de un Estado miembro, o cuando una inversión pueda socavar un proyecto o programa estratégico de interés para toda la UE, como puede ser la constelación de satélites Galileo.
Los casos que sólo implican inversiones de una o varias entidades establecidas en la UE no entran, en principio, en el ámbito de aplicación del reglamento, a menos que la empresa que realiza la inversión sea una disposición artificial que no refleje la realidad económica.
