La cúpula del PP de Rajoy comparecerá como testigo en el juicio por la operación Kitchen
El tribunal admite que testifiquen en el juicio por el espionaje a Bárcenas para destruir las pruebas que perjudicasen al PP. Los magistrados desisten de averiguar cuál fue el coste del operativo ilícito en el que se emplearon fondos reservados
La sección cuarta de la Audiencia Nacional, en un auto emitido este miércoles del que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel, ha admitido la práctica totalidad de declaraciones testificales propuestas por las acusaciones populares de PSOE y Podemos de cara al futuro juicio por la operación Kitchen.
Así, tendrán que comparecer ante el tribunal el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, clave porque controlaba al CNI; el sucesor de Fernández Díaz en Interior, Juan Ignacio Zoido; la exministra María Dolores Cospedal, su marido, Ignacio López del Hierro; el exministro Javier Arenas y hasta dos exsecretarios de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa y José Antonio Nieto, así como el exdirector de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.
El tribunal deniega averiguar el coste de la Kitchen
Por otra parte y en la misma resolución, el tribunal desiste de saber cuánto costó realmente la Kitchen. Ha rechazado una petición de la acusación para que Interior cuantifique a cuánto ascendió el operativo de espionaje a Bárcenas para destruir las pruebas que tuviera sobre la caja B. También ha denegado averiguar quién ingresó dinero periódicamente en la cuenta carcelaria del falso cura que secuestró a la familia de Bárcenas, cuando la familia del secuestrador era insolvente. El motivo, porque estas pruebas debieron practicarse en fase de instrucción por parte del juez García-Castellón y ahora ya es tarde, dada la “complejidad” de las diligencias propuestas, según los magistrados.
Contradicción del tribunal al denegar pruebas a Francisco Martínez
En este sentido, el tribunal también rechaza la práctica de distintas pruebas solicitadas por el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, como la certificación de los fondos reservados desembolsados, la autenticidad de las voces y las conversaciones registradas por el comisario Villarejo o las grabaciones a la familia Bárcenas en su vivienda de Baqueira Beret entre otras.
Dice el tribunal que son desestimadas porque dada su complejidad, debieron practicarse en fase de instrucción y esta ya ha sido cerrada, con lo que de admitir su práctica, el tribunal “excedería sus competencias”. Pero se da la circunstancia que Francisco Martínez pidió su ejecución en fase de instrucción y la sección tercera de la Audiencia Nacional también las denegó entonces con el argumento de que podrían llevarse a cabo en la fase del juicio oral. La fase que ahora rechaza la sección cuarta con lo que el acusado exsecretario de Estado experimenta una aparente indefensión en el ejercicio de su derecho a defensa.
El juicio aún no tiene fecha, dice el tribunal, por la saturación de causas que tiene entre manos.