Ofensiva del Gobierno contra las comunidades del PP que no ejecutan los fondos para mejorar los servicios públicos
El Consejo de Ministros vuelve a aprobar el 'techo de gasto' después de que PP, Vox y Junts lo tumbaran en el Congreso. La ministra de Hacienda advierte: "Si el PP y algún otro partido vota en contra de esta senda, habrá 11.500 millones de euros menos que podríamos destinar a Educación, Sanidad o servicios sociales"
Madrid
Ofensiva del Gobierno contra las comunidades autónomas del PP que, mientras se quejan por la falta de recursos, no ejecutan fondos transferidos por el ejecutivo central para mejorar los servicios públicos. Ya lo denunció la semana pasada el presidente, Pedro Sánchez, y este martes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz, Pilar Alegría, ha señalado directamente a Moreno Bonilla, que ha renunciado a ejecutar 112 millones de euros para la creación de nuevas plazas de Educación Pública. "La Junta de Andalucía ha renunciado a la creación de 12.000 nueva plazas de educación infantil públicas y gratuitas", ha explicado la ministra y ha señalado a La Rioja y a Baleares como otras comunidades que también han rechazado los fondos.
La ministra portavoz ha indicado que la Junta por carta ha comunicado que rechaza ejecutar esos fondos con los que el Gobierno anuncia que se abre una convocatoria al resto de territorios y comunidades autónomas para que ellos sí puedan utilizar esos fondos para crear hasta 12.000 plazas de educación pública y gratuita.
También ha anunciado la creación de 41.000 nuevas plazas de Formación Profesional y que se destinarán 26 millones de euros a aulas de tecnología. Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha desgranado los detalles del real decreto que refuerzas a las trabajadoras del hogar.
"Si el PP y algún otro partido vota en contra de esta senda, habrá 11.500 millones de euros menos que podríamos destinar a Educación, Sanidad o servicios sociales"
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, y a la senda de déficit por segunda vez, después de que PP, Vox y Junts la tumbaran en el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio e impidieran que arrancara la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana que este martes se aprobaría en el Consejo de Ministros el ‘techo de gasto’ y los mismos objetivos de déficit para sacar adelante unos Presupuestos "ambiciosos" y que "llevarán la marca de este Gobierno". Además, anunció que elevará la financiación autonómica para que todos los territorios reciban "más recursos que cuando gobernaba el PP".
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sacado pecho de la reducción del déficit y ha asegurado que "la previsión es que este año y el siguiente sigamos creciendo muy por encima de la media de la zona euro".
Montero ha explicado qué supondría que estos Presupuestos no salieran adelante: "Si el PP y algún otro partido vota en contra de esta senda, estará obligado a hacer un ajuste de 6.600 millones a las comunidades autónomas y de 4.950 millones en ayuntamientos. Habrá 11.500 millones de euros menos que, en dos años, no podríamos destinar a Educación, Sanidad o servicios sociales".
El Ejecutivo aprobó el pasado 16 de julio un ‘techo de gasto’ récord con 199.171 millones de euros incluyendo los fondos europeos, un 0,03% más. Sin los fondos europeos sería de 195.353 millones, lo que supone un incremento de 6.138 millones, un 3,2% por encima de la anterior.
La senda de estabilidad aprobada junto al ‘techo de gasto’ contempla que el déficit de todas las administraciones públicas, que se prevé que sea cercano al 3% este año, será del 2,5% para 2025, bajará al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027. La administración central tendrá un déficit del 2,2% en 2025, mientras que las comunidades autónomas podrán alcanzar un desfase del 0,1% y los ayuntamientos deberán cerrar con equilibrio presupuestario. Para 2026 y 2027, las comunidades y los ayuntamientos mantendrán sus objetivos, mientras que la administración central bajará su déficit al 1,8% y 1,5%, respectivamente. En el caso de la Seguridad Social, para este subsector se espera un déficit de dos décimas durante estos tres años.
La aprobación de estas cifras, que supone el arranque de la elaboración de los Presupuestos, quedó en agua mojada al recibir el voto en contra de PP, Vox y Junts. El partido liderado por Carles Puigdemont justificó entonces que había pedido más margen de gasto las comunidades autónomas y no se le había concedido. En ese momento, también se estaba negociando la investidura del socialista Salvador Illa para presidir la Generalitat de Cataluña.
Ante la previsible situación de que el Senado pueda rechazar la senda de estabilidad con la mayoría absoluta del PP si supera en esta ocasión el trámite en el Congreso, el Gobierno aprobó también en julio levantar la capacidad de veto a la Cámara Alta y lo hizo a través de una enmienda en la Ley de Paridad, de manera que los objetivos de déficit ya solo necesitarán el voto favorable del Congreso.
El Gobierno ha descartado convocar elecciones si no aprueba los Presupuestos y continuaría con la segunda prórroga presupuestaria de las cuentas de 2023.
