El Congreso aprueba reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela gracias al PNV y con la abstención de Ábalos
La iniciativa ha salido adelante con 177 síes, 164 noes y una abstención, la de José Luis Ábalos
Sesión de control en el Congreso (11/09/2024)
Madrid
El Congreso ha votado a favor de reconocer a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela gracias a los votos del PP, Vox, PNV, CC y UPN. La iniciativa ha salido adelante con 177 síes, 164 noes y una abstención, la de José Luis Ábalos. El exministro de Transportes y diputado del Grupo Mixto tras ser expulsado por el PSOE por el 'caso Koldo' ya avisó que dejaría de votar según lo marcado por el grupo socialista.
El texto aprobado especifica que este "reconocimiento se basa en la reiterada negativa de las autoridades electorales venezolanas a publicar los resultados en tiempo y forma, la publicación por parte de la oposición del 83.5 % de las actas verificables que demuestran un categórico resultado electoral, y los pronunciamientos oficiales de instituciones internacionales como el Centro Carter, Naciones Unidas, y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, el español Josep Borrell.
De esta forma, el Congreso exige no solo el reconocimiento de Edmundo González como presidente "legítimo", sino que también insta al Ejecutivo a liderar el este reconocimiento en las instituciones europeas e instancias internacionales, con el objetivo de asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente venezolano.
También reclama que se exija al régimen de Maduro el cese "inmediato" de la represión contra las protestas pacíficas y la liberación de todos los presos políticos.
Un sistema democrático para Venezuela
Asimismo, la Cámara Baja urge a contribuir a reforzar las medidas de seguridad personal de los dirigentes de la oposición como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia ante las "amenazas por su lucha en defensa de la democracia" en Venezuela. A los que piden también respaldarles como los "únicos interlocutores legítimos" en las negociaciones para la transición democrática.
A nivel internacional, se reclama al Ejecutivo que lidere iniciativas para garantizar que el voto de los venezolanos sea respetado, y que se inicie un proceso de transición hacia un sistema de derechos y libertades basado en el reconocimiento de los resultados del 28 de julio.
También se exige promueva ante la Unión Europea la reinstauración de las sanciones a los dirigentes del régimen de Maduro que fueron levantadas antes de las elecciones como "presunto y a todas luces inútil" gesto de "buena voluntad", y ampliar estas sanciones, dirigiéndolas especialmente a los intereses económicos de los "colaboradores de la dictadura".
Finalmente, en los dos últimos puntos del texto, el Congreso reclama apoyar en primer lugar la comparecencia en el Congreso de la dirección del Centro Carter para que explique con detalle las conclusiones de sus informes sobre las elecciones venezolanas y en segundo lugar, apoyar todas aquellas iniciativas de las fuerzas democráticas venezolanas y en especial, aquellas dirigidas a mantener viva la movilización en defensa del resultado electoral.
El resultado ha provocado los aplausos de buena parte de los diputados que se han levantado de sus escaños para celebrarlo. Con estos resultados, la mayoría del Hemiciclo insta al Gobierno, que ha votado en contra, a llevar a cabo ese reconocimiento pero al tratarse de una proposición no de ley, la iniciativa no es vinculante y el Ejecutivo no tiene por qué llevar a cabo ese mandato de la Cámara Baja.
La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, muy involucrada con la oposición venezolana, defendió la iniciativa con una decena de argumentos para recabar el apoyo de los diputados, entre ellos, que Edmundo González ganó las elecciones con el 67% de los votos como lo acreditan —según dijo— las actas electorales recabadas por los ciudadanos.
A vueltas con la 'financiación singular' en Cataluña
PP y Junts, desde posiciones antagónicas, han coincidido este miércoles en preguntar al Gobierno por el sistema de financiación acordado por PSC-ERC para la investidura de Salvador Illa y sus consecuencias. La primera en tomar la palabra ha sido la diputada Cuca Gamarra, que ha criticado la "desigualdad e insolidaridad" de ese acuerdo con el que cree que el Gobierno va "a financiar el procés" para "garantizar sus sillones".
El PP incluso ha llegado a acusar al Gobierno de acabar con el estado de bienestar. Cuando la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha tomado la palabra ha sido rotunda: "¿Cómo pueden hablar ustedes de que quien más tenga más aporte cuando están haciendo regalos fiscales al 0.2% de la población? [...] Cuando no quieren construir escuelas de 0-3 años porque, dicho por Andalucía, son públicas y gratuitas", criticaba. Más tarde, en respuesta al diputado del PP Juan Bravo también ha recordado que durante el anterior gobierno del PP hubo "70.000 millones de subida impositiva a la clase media trabajadora".
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha querido saber "la cifra del expolio fiscal que sufre Cataluña anualmente" y si el acuerdo con ERC "es un acuerdo económico como el vasco" pero Montero le ha remitido al texto que, "por primera vez", es público. "Usted puede leer por sí misma el acuerdo [...] Lo que le puedo asegurar es que este acuerdo es bueno para Cataluña y para el conjunto del país", ha zanjado. Nogueras ha reclamado la gestión total de los impuestos por parte de la Cataluña y la ministra ha pedido a Junts que no torpedee el acuerdo con ERC.